La iniciativa busca también suspender derechos sucesorios y aplicar perspectiva de género en seguridad pública.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de proteger integralmente a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, así como garantizar justicia con perspectiva de género, la diputada de morena Jael Argüelles Díaz presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone retirar de manera definitiva la patria potestad a cualquier persona sentenciada por feminicidio. La propuesta también contempla eliminar sus derechos sucesorios sobre la víctima.
La legisladora subrayó la gravedad del feminicidio como una de las expresiones más extremas de la violencia de género en el país, y resaltó que Chihuahua se ubica en el cuarto lugar nacional por número de casos. Tan solo entre enero y octubre de 2025, se registraron 597 feminicidios en México, de los cuales 41 ocurrieron en el estado, particularmente en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, municipios que figuran entre los cinco con mayor incidencia nacional.
Durante la exposición de motivos, Argüelles Díaz explicó que su iniciativa contempla tres ejes fundamentales. El primero establece el retiro automático de la patria potestad al agresor, para evitar que continúe ejerciendo cualquier tipo de poder legal sobre los hijos que tuvo en común con la víctima. El segundo plantea la pérdida de todo derecho sucesorio, eliminando así cualquier posibilidad de beneficiarse legalmente del fallecimiento de la mujer asesinada.
El tercer eje está enfocado en una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que la perspectiva de género sea de carácter obligatorio en la formación y operación de policías, ministerios públicos y cuerpos operativos. El objetivo, según la diputada, es lograr que la atención a mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia se realice con un enfoque especializado, empático y profesional.
“La violencia feminicida no sólo arrebata una vida; destruye vínculos familiares, proyectos y futuros completos. No podemos permitir que quien quita una vida conserve derechos sobre quienes quedaron en la orfandad. Nuestro compromiso es con la justicia, con la vida y con la memoria de cada mujer asesinada”, declaró Argüelles ante el pleno.
La iniciativa también responde a vacíos normativos detectados en la legislación estatal. Aunque a nivel federal ya existen criterios que buscan uniformar la respuesta del sistema de justicia ante casos de feminicidio, en Chihuahua aún persisten lagunas legales que, en opinión de la legisladora, deben corregirse para garantizar una protección efectiva a las víctimas indirectas, principalmente menores de edad.
El planteamiento fue turnado a comisiones para su análisis legislativo. De ser aprobada, la reforma colocaría a Chihuahua entre las entidades que han establecido consecuencias legales integrales para quienes cometen feminicidio, no solo en materia penal, sino también en términos de derechos familiares y patrimoniales.
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