Chihuahua avanza hacia una política migratoria más humana, destacando la colaboración entre gobiernos y la atención a deportados en Ciudad Juárez y Ojinaga.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Atención al Migrante en Ciudad Juárez, un acontecimiento que resalta el compromiso del estado de Chihuahua hacia la creación de una política migratoria que se basa en el respeto y la dignidad de las personas.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes, quien también es presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, expresó su satisfacción por el inicio de estas sesiones, que son marca de un esfuerzo conjunto por abordar los desafíos que la migración presenta en la región.
El estado de Chihuahua, con su vasta frontera con Estados Unidos, ha sido un punto focal en las dinámicas migratorias del país.
La diputada hizo hincapié en la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, afirmando que existe una coordinación efectiva que asegura no solo la atención a los migrantes y repatriados, sino también la creación de espacios adecuados para su retorno.
Esta iniciativa se ve respaldada por la existencia de dos puntos de repatriación en el estado, específicamente en Ciudad Juárez y Ojinaga, donde se busca proporcionar un apoyo integral a quienes regresan a México.
Sin embargo, esta intensa actividad en torno a la migración también pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la creación de un marco normativo claro. Pérez Reyes subrayó la urgencia de elaborar un reglamento para la ley estatal general de atención a migrantes, algo que el Congreso debe acelerar.
Esto no solo ayudaría a formalizar las medidas de apoyo, sino que también sería vital para el establecimiento de protocolos operativos junto al Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación.
La creación de un ambiente seguro y transparente para la recepción de migrantes es esencial para garantizar que el regreso sea fluido y sin contratiempos.
La propuesta de implementar un sistema que verifique antecedentes penales tanto en México como en Estados Unidos, es un componente crítico para facilitar la reintegración de los repatriados a la sociedad.
Tal medida no solo busca proteger la seguridad del entorno local, sino también contribuir a la creación de una comunidad más cohesionada y respetuosa de la legalidad.
En el contexto de las relaciones binacionales, es fundamental considerar que muchos de estos migrantes son ciudadanos con historias diversas que merecen ser valorados y apoyados en su proceso de regreso.
La participación activa del Consejo Estatal de Atención al Migrante es un ejemplo de la proactividad que se requiere en un estado que ha lidiado históricamente con problemas de migración tanto del lado estadounidense como mexicano.
A medida que se aproxima la segunda sesión del consejo, programada para finales de marzo, el enfoque en las políticas migratorias con calidad humana continúa siendo una prioridad.
La necesidad de involucrar a la sociedad civil en estas discusiones es otro aspecto que podría enriquecer las decisiones que se tomen en este aspecto.
La situación migratoria en Chihuahua no es simplemente un asunto de números o estadísticas, sino que tiene un impacto directo en la vida de las personas, muchas de las cuales enfrentan retos que van más allá de lo administrativo.
En este sentido, es fundamental que se sigan fomentando espacios de diálogo y colaboración entre la sociedad civil, las autoridades locales y federales, así como las organizaciones no gubernamentales, para abordar las complejidades que la migración presenta en la región.
Con el compromiso manifestado por el gobierno del estado y la diputada Pérez Reyes, se abre una oportunidad para impulsar avances significativos en la atención a migrantes y repatriados en Chihuahua.
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