Organizaciones LGBTTTIQ+ en Chihuahua impulsan reforma al Código Civil para garantizar el matrimonio igualitario y eliminar la discriminación.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un contexto de creciente concienciación social y política sobre los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ en Chihuahua, se presentó una iniciativa que marca un camino hacia la modernización del marco legal del estado. Este esfuerzo, encabezado por la diputada Jael Argüelles y apoyado por el Grupo Parlamentario de Morena, busca reformar el Código Civil del Estado para reconocer y garantizar el matrimonio igualitario, además de eliminar cualquier forma de discriminación relacionada.
La iniciativa surge no solo como un acto formal, sino como una respuesta a años de lucha de diversas organizaciones que han destacado por su activismo y litigios estratégicos en defensa de los derechos humanos.
La importancia de esta propuesta radica en la contradicción que existe actualmente entre el Código Civil de Chihuahua y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que la SCJN ya ha emitido dictámenes favorables al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, el Código Civil se ha mantenido rezagado, perpetuando un marco legal que no refleja la realidad de la sociedad contemporánea.
Esta situación ha llevado a que desde Chihuahua se interpongan más de 60 juicios de amparo por ciudadanos que buscan ejercer su derecho al matrimonio, convirtiéndose en el estado con la mayor cantidad de recursos de este tipo relacionados con el matrimonio igualitario.
La diputada Argüelles aclaró que la intencionalidad de la reforma es que el matrimonio se defina como el acuerdo de voluntades entre dos personas, dejando de lado referencias a la procreación. Este cambio es relevante, ya que se alinea con la disposición de la Constitución Política, que garantiza a cada persona el derecho a decidir sobre la procreación de forma libre y responsable.
La modificación de términos que excluyen a “marido y mujer” a favor de “cónyuges” responde a un imperativo de inclusividad y reconocimiento que se ha demandado desde hace tiempo por parte de diversos sectores de la sociedad chihuahuense.
Las cifras y el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil son testigos de la necesidad de estos cambios. El liderazgo de figuras como “Nasho” Díaz ha sido fundamental en este proceso, abogando por una justicia que le ha dado visibilidad a las luchas de un colectivo históricamente discriminado.
Esta propuesta no solo es un paso jurídico; también refleja un cambio cultural en Chihuahua, donde la aceptación y el reconocimiento de los derechos de las diversas orientaciones sexuales están poco a poco entrando en la agenda pública.
Chihuahua, con su rica diversidad cultural y social, ha visto en sus calles y comunidades un creciente activismo que busca visibilizar las injusticias que ha enfrentado la comunidad LGBTTTIQ+. La presentación de esta iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo entre distintos sectores, que demuestra cómo la organización social puede incidir en la política y, a su vez, cómo los legisladores pueden convertirse en aliados de causas históricas y contemporáneas.
Los próximos pasos en este proceso legislativo serán cruciales. La recepción de la iniciativa por parte de otros miembros del Congreso del Estado y su eventual armonización con las políticas públicas necesarias de protección a los derechos de la diversidad sexual no solo son deseos de políticos y activistas; son exigencias populares que apuntan a un futuro más justo y equitativo para todos los chihuahuenses.
El camino que se vislumbra a través de esta reforma es emblemático de cambios más amplios que podrían redefinir la interacción entre el marco jurídico y los derechos humanos en el estado.
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