Roberto Fierro Duarte asumió la coordinación de la Región Noroeste de la CPCE-F, enfocándose en la transparencia y la lucha anticorrupción en los gobiernos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un contexto donde la corrupción ha sido un reto persistente en México, el reciente nombramiento de Roberto Javier Fierro Duarte como coordinador de la Región Noroeste en la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) podría representar un cambio significativo en los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
La protesta de Fierro Duarte tuvo lugar durante la Primera Asamblea Plenaria 2025, celebrada en la “Casa del Buen Gobierno” en la Ciudad de México. Este evento es emblemático dado su enfoque en las políticas anticorrupción, un tema de gran relevancia en el ámbito político actual.
Fierro Duarte, quien también ocupa el cargo de secretario de la Función Pública de Chihuahua, se ha comprometido a liderar iniciativas que busquen no solo erradicar la corrupción, sino también fomentar un servicio público que responda de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.
En sus declaraciones, el funcionario enfatizó la importancia de la colaboración y la unidad entre los diferentes niveles de gobierno, lo que sugiere un enfoque más integrado y estratégico para abordar estos desafíos. La invitación a “trabajar juntos” resuena en un momento en que la desconfianza hacia las instituciones públicas es un tema recurrente en la opinión pública.
El trabajo de la CPCE-F es crucial, especialmente considerando el impacto que puede tener la corrupción en el desarrollo social y económico de regiones como el Noroeste de México. Este territorio, que incluye estados como Chihuahua, Sonora y Baja California, ha experimentado dinámicas políticas complejas y ha enfrentado obstáculos significativos en términos de transparencia y gobernanza.
El liderazgo de Fierro Duarte es vital para implementar políticas que se alineen con los objetivos de la Comisión, como el señalado en el Plan Anual de Trabajo 2025 y el Plan Anual de Fiscalización 2025, que se presentaron en la misma asamblea.
Además, la participación de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, resalta la perspectiva integral que busca la administración federal. La colaboración mencionada puede ofrecer una vía para que los gobiernos estatales se alineen con las metas nacionales de combate a la corrupción y mejoramiento de la transparencia. Este enfoque multilaterales es especialmente relevante en un contexto donde la corrupción no solo afecta la imagen pública de las instituciones, sino también el acceso a servicios básicos y el desarrollo de políticas efectivas.
El papel de Fierro Duarte también está inserto en un marco más amplio de transformaciones políticas en Chihuahua. En los últimos años, el estado ha sido testigo de esfuerzos significativos para mejorar la transparencia gubernamental y se ha alineado con iniciativas federales que buscan reformar el servicio público. Las palabras de Fierro Duarte, donde se menciona la meta de que “la integridad sea la norma y no la excepción”, reflejan un compromiso que va más allá de políticas superficiales, buscando acciones concretas que resuenen con las expectativas de la ciudadanía.
Por aspectos culturales y sociales, la región noroeste posee características particulares que pueden influir en la implementación de estas políticas. Las comunidades locales, con su diversidad y realidades específicas, podrán beneficiar de un enfoque que propicie no solo la rendición de cuentas, sino también una inclusión activa en los procesos de gobierno. Esto puede crear un sentido de pertenencia y participación que es crucial para fortalecer la confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. Sin embargo, habrá que observar cómo se traducen en acciones concretas estas promesas en un entorno donde la exigencia de resultados es cada vez más visible.
Finalmente, la postura adoptada por Roberto Javier Fierro Duarte y su integración en el marco de la CPCE-F presentan una oportunidad para que Chihuahua, junto con el resto de las entidades de la región, se posicionen como un ejemplo en el país en materia de gobernanza y transparencia.
Los resultados de estas iniciativas incidirán no solo en la percepción pública hacia la administración pública, sino que también podrán determinar el éxito de futuras reformas en un entorno marcado por la búsqueda de un servicio público que realmente responda a las necesidades de la población.
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