La organización acusa irregularidades en juicios civiles y la negativa de amparos federales que, afirma, han afectado a cientos de familias.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).— La dirigente de El Barzón en Ciudad Juárez, Griselda Sosa Beltrán, denunció que presuntas irregularidades en juzgados civiles y federales han permitido el despojo de viviendas a cientos de familias, al señalar la existencia de una red de corrupción vinculada con litigios inmobiliarios en la ciudad.
Durante su posicionamiento, la activista sostuvo que los llamados “cárteles inmobiliarios” operan con el respaldo de resoluciones judiciales que, según afirmó, vulneran el derecho de audiencia de los propietarios y facilitan la transferencia de inmuebles mediante procedimientos presuntamente irregulares.
“Están desalojando a las familias con juicios fraudulentos en los juzgados civiles por Audiencia, en donde ni siquiera se llama a declarar al propietario de la vivienda emproblemada, violentando con ello, su derecho a la defensa”.
Sosa Beltrán aseguró que, una vez consumados los desalojos, las familias recurren al juicio de amparo ante tribunales federales, donde —afirmó— sus recursos son rechazados aun cuando presentan evidencias de presuntas anomalías en los expedientes.
La representante de El Barzón señaló que esta problemática se ha intensificado durante los últimos dos años, y mencionó al Juzgado Quinto Civil por Audiencia, así como a los juzgados Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito, como instancias donde, dijo, se han emitido resoluciones que afectan a los propietarios.
La dirigente también responsabilizó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por el origen del problema, al sostener que la venta de cartera vencida realizada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto propició el crecimiento de un mercado irregular de viviendas que, aseguró, continúa generando litigios y despojos.
“Le hemos demostrado a los jueces federales que los expedientes de los supuestos juicios orales están llenos de irregularidades, y pese a ello niegan los amparos”.
Finalmente, hizo un llamado a los legisladores para revisar el marco legal en materia de vivienda y procedimientos civiles, con el objetivo de frenar los despojos y fortalecer las garantías procesales de las familias afectadas.
Hasta el momento, las autoridades judiciales señaladas y el Infonavit no han emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la organización.
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