La sanción incluye una inhabilitación por 10 años y el pago de una indemnización de más de 343 mil pesos.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El extesorero municipal de Manuel Benavides, identificado por sus iniciales G.S.A.C., fue inhabilitado por 10 años y deberá indemnizar al municipio con 343 mil 634.12 pesos. La sanción deriva de una investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre irregularidades detectadas en la contratación de servicios no realizados durante el ejercicio fiscal de 2019.
La ASE descubrió que G.S.A.C. autorizó un contrato con el particular M.S.S.T. para la recuperación del Impuesto sobre la Renta (ISR). Sin embargo, se comprobó que dicho servicio no fue prestado. Además, la normativa establece que los municipios no necesitan realizar trámites adicionales para gestionar la devolución de este impuesto, ya que la Secretaría de Hacienda es la encargada de la retención correspondiente.
La investigación concluyó que el contrato y los pagos asociados representaron un desvío de recursos, una falta administrativa grave. Tras reunir las pruebas necesarias, la ASE presentó el caso ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el 3 de diciembre de 2021.
El proceso fue llevado ante la Cuarta Sala Unitaria del TEJA, encabezada por el Magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza. Este tribunal dictó la sentencia que inhabilita al extesorero para ocupar cargos en el servicio público o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por una década.
La resolución también incluye la obligación de resarcir el daño económico causado al erario público. Este caso pone de manifiesto el rigor de las acciones emprendidas por la ASE y el TEJA para sancionar actos de corrupción y promover una administración pública más transparente y eficiente.
El municipio de Manuel Benavides, ubicado en la región fronteriza de Chihuahua, ha sido centro de atención en los últimos años por irregularidades similares. Las autoridades estatales reiteran su compromiso de continuar supervisando el manejo de los recursos públicos para evitar desvíos y garantizar su correcto destino en beneficio de la ciudadanía.
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