El diputado del PRI pidió evitar reducciones a pensiones previamente otorgadas y revisar la aplicación retroactiva de la reforma constitucional de abril.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, exigió al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión garantizar el respeto a las pensiones y jubilaciones previamente reconocidas a trabajadores del sector público, ante las posibles afectaciones derivadas de la reforma constitucional publicada el 10 de abril de 2026.
El legislador presentó una propuesta ante el Congreso del Estado para solicitar que las nuevas disposiciones sobre límites a las pensiones se apliquen respetando los derechos adquiridos, particularmente de personas jubiladas de organismos públicos, empresas del Estado, entidades paraestatales, organismos descentralizados y fideicomisos públicos.
La controversia está relacionada con la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció límites para determinadas jubilaciones y pensiones del personal de confianza de entidades públicas. Entre sus disposiciones transitorias se contempla el ajuste de pensiones previamente otorgadas que superen los nuevos límites y que no estén comprendidas en las excepciones establecidas.
Medina advirtió que la aplicación de estas disposiciones podría representar una reducción de ingresos para personas que concluyeron su vida laboral y obtuvieron una jubilación conforme a las condiciones vigentes durante sus años de servicio.
“Las pensiones no son regalos del gobierno, son el resultado de décadas de esfuerzo y sacrificio. Nadie tiene derecho a quitarles a los trabajadores lo que legítimamente se ganaron”.
El diputado priista sostuvo que la modificación de condiciones previamente reconocidas genera incertidumbre económica entre los jubilados, especialmente entre quienes dependen de estos ingresos para cubrir gastos familiares, alimentación, medicamentos y otras necesidades básicas.
En ese sentido, planteó que el objetivo de eliminar pensiones excesivas y fortalecer el control del gasto público debe distinguirse de la obligación de respetar los derechos laborales reconocidos conforme a la legislación aplicable al momento de la jubilación.
La reforma constitucional establece límites para determinadas pensiones financiadas con recursos públicos, por lo que el debate legislativo se concentra en el alcance de su aplicación a prestaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
Medina señaló que organizaciones de jubilados y pensionados han reunido más de 200 mil registros de participación y respaldo en defensa de sus derechos, cifra que presentó como muestra de la preocupación existente entre quienes podrían resultar afectados por los ajustes.
Asimismo, solicitó a las cámaras de Diputados y Senadores atender las iniciativas relacionadas con la aplicación de la reforma y la protección de derechos adquiridos, al considerar necesario establecer mecanismos que otorguen certeza jurídica a las personas que actualmente reciben una pensión.
El legislador también dirigió un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar modificaciones que eviten afectaciones a jubilaciones previamente reconocidas, particularmente cuando los beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos durante su trayectoria laboral.
De acuerdo con su planteamiento, las medidas de austeridad y control presupuestario deben acompañarse de disposiciones que permitan diferenciar entre prestaciones legalmente reconocidas y esquemas de jubilación sujetos a los nuevos límites constitucionales.
“Los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de las decisiones del poder. El gobierno tiene la obligación de proteger a la gente, no de poner en riesgo el sustento de sus familias”.
El coordinador parlamentario del PRI insistió en que la seguridad económica de las personas jubiladas debe formar parte de la discusión federal sobre la implementación de la reforma, debido a las implicaciones que una modificación en sus ingresos podría tener sobre su capacidad para cubrir gastos cotidianos.
La propuesta presentada por Medina busca que el Congreso de la Unión revise las disposiciones relacionadas con la aplicación de los límites pensionarios a derechos previamente reconocidos, mientras que el Ejecutivo Federal considere alternativas para garantizar la certeza jurídica de los beneficiarios.
El planteamiento se suma a las discusiones legislativas sobre los alcances de la reforma constitucional del 10 de abril de 2026, particularmente respecto de las pensiones vigentes, las excepciones previstas en la legislación y las condiciones bajo las cuales deben aplicarse los nuevos límites.
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