La diputada de Morena solicitó siete respuestas documentadas sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, solicitó al Gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía General del Estado aclarar cuándo tuvieron conocimiento de presuntos actos de corrupción atribuidos al exfiscal César Jáuregui Moreno, relacionados con casinos y prestanombres, así como las acciones emprendidas para investigar los señalamientos antes de que fueran comunicados a las autoridades federales.
La legisladora presentó siete cuestionamientos dirigidos al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y a la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante los cuales busca obtener información sobre las actuaciones institucionales realizadas ante posibles irregularidades atribuidas al exfuncionario estatal.
La solicitud surge después de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera el comunicado 745/26, fechado el 23 de octubre de 2026, en el que informó sobre una reunión sostenida entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.
En ese encuentro, solicitado por la mandataria estatal, Campos Galván compartió información sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y el uso de prestanombres, atribuidos al exfiscal de Chihuahua, además de responsabilizarlo por determinados acontecimientos ocurridos en la entidad en los que participaron personas de nacionalidad extranjera.
La comunicación federal señaló que la gobernadora se comprometió a facilitar documentación relacionada con estos hechos, información que motivó la apertura de una nueva línea de investigación. Sin embargo, el documento no precisó si los elementos ofrecidos ya habían sido entregados formalmente a la autoridad ministerial.
Ante estos antecedentes, Guzmán Argueta planteó la necesidad de establecer desde qué momento el Gobierno estatal tuvo conocimiento de las posibles irregularidades y qué procedimientos inició para atenderlas, particularmente durante el periodo en que el exfuncionario encabezaba la institución encargada de investigar delitos en Chihuahua.
“Si la gobernadora tenía información sobre presuntos actos de corrupción, desde cuándo la tenía y qué hizo con ella?”
La diputada consideró necesario determinar si existieron denuncias previas, comunicaciones institucionales o actuaciones administrativas relacionadas con los señalamientos, además de conocer si las autoridades estatales informaron oportunamente a las instancias competentes.
En los cuestionamientos dirigidos a Santiago de la Peña Grajeda, solicitó precisar si la Secretaría General de Gobierno tenía conocimiento de las acusaciones, si se presentaron denuncias o comunicaciones formales y si existen documentos que permitan acreditar las gestiones realizadas por la administración estatal.
También pidió aclarar si la gobernadora Maru Campos ya entregó a la FGR la documentación que ofreció proporcionar durante su encuentro con Ernestina Godoy y, en caso de que permanezca pendiente, cuáles son las circunstancias que han impedido completar ese procedimiento.
Respecto a la Fiscalía General del Estado, Guzmán Argueta solicitó información sobre la posible existencia de denuncias, antecedentes o expedientes relacionados con los presuntos hechos de corrupción, así como las acciones de coordinación que se hayan establecido con las autoridades federales para su investigación.
Por separado, el encargado de despacho de la FGE, Gilberto Loya Chávez, informó que la institución mantiene investigaciones en curso relacionadas con posibles responsabilidades del exfiscal César Jáuregui Moreno, aunque evitó precisar si las indagatorias corresponden específicamente a los señalamientos sobre casinos y prestanombres.
El funcionario señaló que existen restricciones para divulgar detalles de las investigaciones abiertas y tampoco especificó si la Fiscalía estatal recibió una denuncia formal por esos hechos o si mantiene mecanismos de coordinación con la autoridad federal para atender esa línea de investigación.
Guzmán Argueta sostuvo que los informes solicitados deberán presentarse por escrito, con fundamentos y respaldo documental, respetando las disposiciones legales relacionadas con la reserva de información y la protección de las investigaciones ministeriales en curso.
La legisladora señaló que su planteamiento busca establecer las responsabilidades institucionales respecto al manejo de información sobre posibles delitos, sin anticipar determinaciones sobre la culpabilidad del exfiscal, cuya situación jurídica corresponde resolver a las autoridades competentes.
Asimismo, planteó que el Congreso del Estado debe contar con elementos verificables para conocer si las dependencias estatales actuaron oportunamente al recibir información sobre posibles irregularidades, particularmente cuando los señalamientos involucran a quien anteriormente estuvo al frente de la procuración de justicia en Chihuahua.
La petición incluye conocer las fechas en que las autoridades recibieron los antecedentes, las decisiones adoptadas a partir de esa información y los mecanismos utilizados para comunicarla a otras instituciones, como parte de las explicaciones solicitadas al Gobierno estatal y a la Fiscalía.
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