La propuesta contempla inspecciones sorpresivas, operativos de rescate y medidas especiales para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para fortalecer la prevención, detección y combate a la explotación laboral infantil, mediante reformas a la legislación federal que contemplan inspecciones sorpresivas, operativos de protección y medidas específicas para niñas, niños y adolescentes en situación de migración.
La propuesta fue promovida por la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Janeth Frías Frías, conocida como “La China” Frías, con el respaldo de integrantes de su bancada, y plantea establecer mecanismos de coordinación entre autoridades laborales, instituciones de seguridad pública y organismos encargados de proteger los derechos de la infancia.
Uno de los principales componentes de la iniciativa consiste en realizar inspecciones periódicas y sin previo aviso en campos agrícolas, talleres, establecimientos comerciales y otros centros de trabajo donde exista una mayor incidencia de actividades laborales prohibidas para personas menores de edad.
Estas verificaciones serían desarrolladas de manera conjunta por autoridades laborales y organismos de protección de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de identificar posibles casos de explotación, retirar a las víctimas de las actividades prohibidas y activar los procedimientos correspondientes para investigar y sancionar a los responsables.
La propuesta también contempla operativos especiales de detección y rescate en sectores con mayor vulnerabilidad, particularmente en comunidades rurales, zonas agrícolas y lugares donde se concentra población migrante que puede enfrentar mayores dificultades para acceder a mecanismos institucionales de protección.
En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes víctimas de explotación laboral, las reformas plantean garantizar asistencia jurídica, servicios de traducción e interpretación y acompañamiento especializado durante los procedimientos administrativos y legales que correspondan.
Para quienes se encuentren sin acompañamiento familiar o separados de sus padres, la iniciativa establece que deberán ser canalizados a espacios de asistencia y protección, sin ser detenidos únicamente por su situación migratoria, privilegiando en todo momento su seguridad y el interés superior de la niñez.
Asimismo, se propone impedir que los menores sean devueltos a circunstancias donde exista riesgo de sufrir nuevamente explotación laboral, además de establecer mecanismos para evitar que reciban sanciones por actividades que hayan sido obligados a realizar.
Otro de los planteamientos consiste en implementar brigadas móviles de inspección y fortalecer la colaboración entre las autoridades de seguridad pública, migración y protección infantil, con el objetivo de facilitar la identificación de posibles víctimas y la investigación de personas o grupos involucrados en estas prácticas.
La iniciativa también busca considerar como falta grave la omisión intencional de servidores públicos que, teniendo conocimiento de posibles casos de explotación laboral infantil, incumplan con su obligación de reportarlos o intervenir, siempre dentro de las atribuciones que les corresponden.
Las modificaciones propuestas están dirigidas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos ordenamientos federales que regulan aspectos relacionados con la protección de menores y la coordinación entre instituciones gubernamentales.
Con estas reformas se pretende establecer procedimientos de actuación conjunta para que las autoridades laborales y de protección de la infancia puedan intervenir ante posibles situaciones de explotación, mientras que las instituciones de seguridad colaboren en las investigaciones y operativos correspondientes.
La aprobación del Congreso de Chihuahua representa únicamente el aval para remitir la propuesta al Poder Legislativo federal, por lo que las medidas planteadas todavía no constituyen nuevas disposiciones legales vigentes.
Corresponderá al Congreso de la Unión analizar, discutir y determinar la procedencia de las reformas, mediante el proceso legislativo correspondiente, antes de que puedan incorporarse a la legislación nacional.
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