La representante del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya fue vinculada por un juez de Control que encontró evidencia suficiente para considerar que, al parecer, está involucrada en la nómina secreta del exgobernador del estado, César Duarte Jaqués
Chihuahua, Chih. – Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) la instancia que determine si dará validez o no a la candidatura de María Eugenia Campos Galván a la gubernatura de Chihuahua, luego que le dio entrada a la impugnación formulada por Morena, partido que considera que no cumple con los requisitos para participar en la competencia electoral ya que está acusada de utilizar recursos públicos de forma ilegal.
La representante del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya fue vinculada por un juez de Control que encontró evidencia suficiente para considerar que, al parecer, está involucrada en la nómina secreta del exgobernador del estado, César Duarte Jaqués.
En el expediente SUP-JRC-055/2021, que ya está en la Sala Superior, se determina que el órgano jurisdiccional validará o no la participación de Campos Galván en la elección del 6 de junio.
Antes, la candidata enfrentó tres impugnaciones que se hicieron ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua, pero la instancia validó su registro al desechar los recursos interpuestos por representantes de Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza Por México.
Los argumentos de las organizaciones políticas tuvieron como base que la candidatura de Campos Galván es improcedente e inconstitucional debido a las acusaciones panales que pesan en su contra.
Aunque ya fue vinculada por uno de los expedientes, enfrenta otro relacionado con su administración como presidente municipal de Chihuahua, cuando presuntamente dispuso de 1 millón 300 mil pesos a través de una tarjeta bancaria por personas que resultaron beneficiados en la adjudicación de obra pública.
La acusación establece que esos recursos provienen de cinco compañías que al parecer simularon procesos competitivos en las licitaciones: Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
Sin embargo, Campos Galván obtuvo un amparo para diferir por tres meses la audiencia inicial en este proceso.
Óscar Castrejón integrante del Comité de Salud Pública y Defensa Ciudadana, además de abogado de Morena, explicó cuando se impugnó a Campos Galván ante el TEPJF que el artículo 23 de la Constitución Política del Estado establece que una persona vinculada a proceso no puede contender a un cargo de elección popular.
También declaró que se analiza presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de la candidata del PAN y PRD, con base en la residencia de Bosques de San Francisco que la acusada puso como garantía para continuar con el proceso en libertad. El inmueble está valuado en 6 millones 822 mil pesos.
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