Legisladora advierte que Chihuahua enfrenta rezagos en prevención e impartición de justicia.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la minuta en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios a nivel nacional en la investigación y atención de este delito, en un contexto donde Chihuahua mantiene antecedentes de alta incidencia.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, señaló que la entidad no puede continuar como referente nacional por la violencia contra las mujeres, al tiempo que subrayó la necesidad de que la reforma se traduzca en resultados concretos.
“Chihuahua no puede seguir normalizando la violencia ni tolerando la impunidad”
La legisladora destacó que la iniciativa, impulsada a nivel federal, busca establecer lineamientos claros para las autoridades, incluyendo la obligación de investigar con perspectiva de género y reducir las brechas institucionales que han dificultado el acceso a la justicia.
En su intervención, hizo referencia al contexto histórico del estado, marcado por casos emblemáticos de feminicidio, donde la falta de identificación, seguimiento y sanción ha generado rezagos en la atención a víctimas y sus familias.
Argüelles Díaz indicó que uno de los principales desafíos ha sido la ausencia de mecanismos eficaces de prevención, por lo que la nueva legislación contempla herramientas orientadas a la atención temprana y protección de mujeres en situación de riesgo.
“El Estado tiene la obligación de anticiparse, de prevenir los riesgos feminicidas y de actuar con contundencia”
Entre las medidas destacadas se encuentra el fortalecimiento de los centros de atención integral, diseñados para ofrecer acompañamiento y reducir factores de riesgo antes de que la violencia escale.
La diputada insistió en que la aprobación de la minuta representa un avance legislativo, pero advirtió que el reto principal será su implementación efectiva, especialmente en entidades con antecedentes de violencia estructural.
Con esta reforma, el Congreso busca establecer bases más sólidas para la atención del feminicidio, en un esfuerzo por mejorar la coordinación institucional y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
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