Fiscalía apoya a grupo de jornaleros en Cuauhtémoc tras regresar de Sinaloa, brindando atención médica y alimentaria.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en coordinación con diversas instituciones de los diferentes órdenes de Gobierno, brindaron apoyo a un grupo de aproximadamente 50 personas, incluyendo menores de edad, que regresaron a ciudad Cuauhtémoc después de trabajar por un tiempo en Sinaloa.
Estos jornaleros manifestaron que estuvieron laborando para un productor agrícola en el municipio de Ahome, Sinaloa, pero que fueron enviados de regreso a Cuauhtémoc luego de que la empresa cerrara sus operaciones.
Personal de Investigación de la Fiscalía acudió al Centro de Desarrollo Comunitario para conocer la situación de estas personas y asegurarse de que no hubieran sido víctimas de algún delito.
Tras entrevistar a los jornaleros y realizarles exámenes médicos, se les proporcionó alimentación en un desayunador. En el caso de los menores de edad, se les dio prioridad en el apoyo con alimentos, leche, pañales y otros artículos necesarios.
Algunas de las personas expresaron su intención de viajar a comunidades de los municipios de Urique, Bocoyna y Temósachic para reunirse con sus familias. Ante esta situación, las autoridades involucradas se comprometieron a brindar apoyo para ayudar a estas personas a llegar a sus destinos de manera segura.
El grupo de jornaleros fue atendido por personal de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, el Municipio de Cuauhtémoc, la Secretaría de Salud, la Subprocuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Bomberos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.
La colaboración entre las diferentes instituciones permitió brindar la ayuda necesaria a este grupo de jornaleros, asegurando su bienestar y apoyo en esta difícil situación.
Es importante destacar la importancia de la labor humanitaria realizada por las autoridades para garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables como los menores de edad.
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