La gobernadora de Chihuahua acudirá a declarar como testigo, mientras su defensa acusa violaciones al fuero constitucional.
Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, anunció que presentará una demanda contra funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la mandataria fuera citada a declarar en calidad de testigo dentro de una investigación relacionada con la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio estatal.
El equipo jurídico de la mandataria, encabezado por Roberto Gil Zuarth, sostuvo que el citatorio vulnera el fuero constitucional de Campos Galván al iniciar, presuntamente, un procedimiento penal sin cumplir previamente con los mecanismos establecidos en la Constitución para investigar a una gobernadora en funciones.
La comparecencia ante el Ministerio Público Federal está programada para el miércoles 27 de mayo en Ciudad Juárez, aunque la defensa confirmó que la mandataria acudirá al llamado de la autoridad federal.
“El citatorio va a ser respondido y ella acudirá a responderlo en los términos en los que fue formulado”.
De acuerdo con Gil Zuarth, uno de los principales cuestionamientos es que el documento presenta contradicciones jurídicas, ya que cita a la gobernadora como testigo, pero hace referencia a disposiciones legales aplicables a personas imputadas.
El abogado argumentó que ello implicaría la apertura de un procedimiento penal en contra de una funcionaria con fuero sin que exista previamente una declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados y ratificada por el Congreso del Estado.
“Eso implica que el Ministerio Público ha abierto un procedimiento penal en contra de un servidor público con fuero sin habérsele retirado éste previamente”.
La defensa indicó que presentará una denuncia penal con fundamento en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal, al considerar que la autoridad ministerial incurrió en irregularidades procesales.
Gil Zuarth también señaló que el citatorio podría colocar a la gobernadora en una situación jurídica vulnerable, al existir la posibilidad de que durante la diligencia se modifique su calidad procesal.
El caso abrió un nuevo debate sobre los alcances de las facultades de la FGR y los procedimientos constitucionales aplicables en investigaciones contra funcionarios con fuero en México.
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