La controversia alrededor de la academia internacional de capacitación policial en Querétaro merece una discusión que vaya más allá del desencuentro político. La participación del embajador de Estados Unidos y los cuestionamientos de La Presidente sobre las autorizaciones correspondientes deben aclararse. Pero hay una pregunta de fondo que no podemos dejar enterrada entre declaraciones: ¿por qué una oportunidad de cooperación en seguridad termina convertida en motivo de sospecha?
Lo digo desde mi experiencia como servidor público en la seguridad pública federal: siempre se buscó la cooperación internacional. Aprender de otros, compartir conocimientos y fortalecer nuestras capacidades ayudaba a servir mejor a México. Esa colaboración debía conducirse con responsabilidad, respeto institucional y objetivos claros. Había conciencia de que ningún país posee todas las respuestas y de que prepararnos mejor era parte de nuestra obligación.
Entre países, una cooperación sana permite intercambiar experiencias, mejorar la formación policial, perfeccionar técnicas de investigación y desarrollar capacidades para enfrentar delitos cada vez más complejos. México tiene conocimientos que aportar y también mucho que aprender. La dignidad nacional es compatible con ambas cosas.
Sentarnos a trabajar con otros gobiernos exige claridad sobre nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestros límites.
En México no podemos asumir que cooperar significa perder soberanía. La soberanía pertenece al pueblo. Debe traducirse en condiciones para que los ciudadanos vivan con libertad, seguridad y justicia. Los gobiernos la ejercen por mandato de la sociedad y tienen la responsabilidad de defenderla en su beneficio. Invocarla mientras las personas siguen expuestas a la extorsión, las amenazas y el despojo deja sin respuesta lo esencial.
¿De qué sirve pronunciar grandes discursos sobre independencia si un comerciante necesita permiso de una organización criminal para abrir su negocio? ¿Qué libertad tiene una familia obligada a abandonar su casa por amenazas? ¿Qué autoridad conserva el Estado donde los delincuentes imponen horarios, cobran cuotas y deciden quién puede trabajar? Ahí existe una pérdida concreta de libertad que debería preocuparnos todos los días.
Recuperar esos espacios requiere policías preparados, investigadores capaces de construir expedientes sólidos, especialistas que sigan el dinero y mandos que actúen con disciplina y respeto a los derechos humanos. La capacitación importa porque detrás de una investigación deficiente puede quedar una víctima sin justicia. Una cooperación que ayude a corregir esas debilidades puede fortalecer la capacidad de México para proteger a su población.
Por supuesto, hay procedimientos que cumplir. La conducción de las relaciones internacionales exige coordinación y las autoridades estatales deben observar las reglas aplicables. Si en Querétaro faltaron autorizaciones, corresponde precisar cuáles, explicar su fundamento y establecer cómo deben tramitarse. También debe transparentarse quién participará, qué enseñará, qué recursos aportará y cuáles serán los mecanismos de supervisión. La claridad beneficia a todos.
Lo que debemos exigir al gobierno federal es una ruta institucional para que las iniciativas útiles puedan realizarse.
Revisar, corregir y coordinar son responsabilidades tan importantes como señalar una omisión. La ciudadanía merece conocer los beneficios posibles de un proyecto y las razones concretas para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. La discusión debe sostenerse en esos elementos, con argumentos verificables y decisiones explicables.
Estados Unidos también tiene obligaciones: respetar las leyes mexicanas, actuar con transparencia y entender que la confianza exige reciprocidad. La cooperación debe responder a acuerdos claros, con responsabilidades delimitadas y resultados evaluables. México debe participar con voz propia y capacidad de decisión. Esa firmeza es perfectamente compatible con recibir capacitación, intercambiar experiencias y construir soluciones compartidas.
La soberanía debe sentirse en la vida cotidiana: en la posibilidad de caminar sin miedo, emprender sin pagar extorsiones y denunciar con confianza. Cada decisión sobre cooperación debería medirse por su contribución a esos derechos. En Querétaro, como en cualquier estado, necesitamos autoridades capaces de encontrar acuerdos que sirvan a la gente. Los gobiernos administran responsabilidades temporales; los ciudadanos merecen seguridad todos los días. Es para ellos para quienes debemos hacer valer la soberanía.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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