Hablar de abuso y violencia sexual infantil en México es incómodo. Pero más incómodo debería ser el silencio. Hoy, en pleno gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la realidad en estados como Chihuahua —y particularmente en Ciudad Juárez— evidencia que la niñez sigue siendo uno de los sectores más vulnerables y menos protegidos.
Las cifras no solo alarman: retratan un problema estructural que ha sido ignorado o minimizado. Ciudad Juárez encabeza el número de carpetas de investigación por violencia sexual infantil a nivel nacional, además de ocupar los primeros lugares en abuso contra menores, embarazos adolescentes y producción de pornografía infantil. No es un dato aislado, es una tendencia.
Organizaciones civiles que trabajan en campo han documentado la crudeza del problema. Tan solo en los últimos años, se han atendido cientos de casos de abuso infantil en la ciudad, donde en más del 70% de los casos el agresor es alguien cercano a la víctima: familiares o conocidos. Es decir, el peligro no está únicamente en las calles, sino dentro del propio entorno de confianza de los niños.
A esto se suma un fenómeno aún más perturbador: el crecimiento de redes de explotación sexual infantil y pornografía en la frontera. Organismos de derechos humanos han alertado sobre el aumento de casos de trata de menores en Ciudad Juárez, incluyendo denuncias sobre la presunta “venta de niñas” vinculada a redes criminales que operan en esta zona estratégica por su cercanía con Estados Unidos. La frontera no solo facilita el comercio legal: también, lamentablemente, el ilegal.
Chihuahua, además, se mantiene entre los estados con mayor número de investigaciones por trata de personas en México, con cientos de carpetas abiertas en los últimos años. Diversos estudios académicos han señalado que la explotación sexual infantil, la pornografía y la corrupción de menores no son fenómenos aislados, sino partes de un mismo ecosistema criminal que se alimenta de la impunidad.
Y ahí es donde el discurso oficial comienza a desmoronarse.
Porque cuando se habla de estas redes, inevitablemente surge la pregunta incómoda: ¿cómo operan con tanta facilidad? La respuesta no es simple, pero múltiples investigaciones periodísticas en México han documentado casos donde estructuras de poder, omisiones institucionales e incluso corrupción han permitido que estos delitos persistan sin castigo. La impunidad no es casualidad, es consecuencia.
En paralelo, los indicadores sociales reflejan un entorno adverso para la niñez juarense. Miles de niños no asisten a la escuela, otros carecen de acceso a servicios de salud y la violencia es una constante: Ciudad Juárez ha sido uno de los municipios con mayor número de menores fallecidos por agresiones en el país. En ese contexto, las redes criminales encuentran terreno fértil.
Lo más preocupante es que esta crisis no solo ocurre en el mundo físico. Hoy, el campo de batalla también está en internet. Redes sociales, videojuegos y plataformas digitales se han convertido en herramientas utilizadas por depredadores para enganchar a niños y adolescentes mediante grooming, extorsión y manipulación emocional. La tecnología, sin regulación efectiva ni educación digital suficiente, se vuelve un arma.
Por eso, no es menor lo que ocurrirá el próximo martes 28 de abril en el Gimnasio de Bachilleres, durante la Asamblea Regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. La participación de un hacker mexicano que explicará cómo operan estas redes digitales representa una oportunidad clave para abrir los ojos ante una realidad que muchos prefieren ignorar.
Pero ninguna conferencia será suficiente si no hay voluntad política.
Hoy, en Ciudad Juárez, ser niño implica crecer en un entorno donde el riesgo no es hipotético, es cotidiano. Donde las estadísticas no son números, son historias truncadas. Y donde la falta de acción efectiva por parte de las autoridades —federales, estatales y municipales— pone en evidencia que la protección de la infancia no ha sido una prioridad real.
La 4T prometió poner primero a los más vulnerables. La niñez debería encabezar esa lista. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.
La exigencia es clara: necesitamos prevención, inteligencia, inversión en tecnología para combatir delitos digitales, fortalecimiento de fiscalías especializadas y, sobre todo, cero tolerancia a la impunidad. También se requiere involucrar a las familias, escuelas y sociedad civil en una estrategia integral.
Porque mientras el debate político sigue girando en torno a discursos, en Ciudad Juárez hay niños que están siendo captados, explotados y violentados.
Y eso no admite ideologías. Exige acción.
Marisela Terrazas
Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles.
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