Con la intención de robustecer el marco jurídico de protección a las y los maestros de Chihuahua, el diputado local Oscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado de Chihuahua a fin de establecer sanciones severas a quienes extorsionen, presenten denuncias falsas o lesionen al personal docente.
Chihuahua, Chih .- Dicha propuesta surge a raíz de un aumento considerable de casos de agresiones contra docentes en el país durante el ciclo escolar 2024-2025, las amenazas y extorsiones en contra del personal de la educación han obligado a paros magisteriales en varias entidades.
El legislador indicó que en Hidalgo hay registros de 840 reportes de violencia escolar, muchos de ellos contra personas educadoras, mencionó que casos como el lamentable asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina, de 49 años en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca el pasado 21 de octubre, ejecutada a manos de un estudiante inconforme por una calificación han prendido las alarmas.
Resaltó que en Chihuahua estos hechos no son ajenos: en el ciclo escolar pasado, el Programa de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Educación atendió 255 casos de violencia en escuelas, incluyendo agresiones directas contra el profesorado, desde insultos hasta confrontaciones físicas; en 2025 familiares inconformes cerraron una escuela primaria en la capital debido a presuntas agresiones de alumnos hacia maestros, paralizando el plantel por días.
“La intención es ampliar la esfera de protección jurídica para las Maestras y Maestros del Estado, Su función es sumamente importante para la sociedad, por esa razón debemos tomar todas las medidas necesarias para que las sanciones por delitos cometidos en contra de docentes en el ejercicio de sus funciones sean ejemplares”, explicó el diputado.
Añadió que es responsabilidad del Estado “garantizar de forma íntegra el respeto irrestricto a la esfera jurídica de derechos de las y los docentes. Dicha situación no puede excluir velar por su integridad moral y sostener su honorabilidad dentro del desempeño sustantivo de sus funciones”.
El diputado por Ciudad Juárez señaló que esta reforma se suma a la iniciativa de creación del Protocolo para la Protección de la Honorabilidad de las Personas Profesionales de la Educación, que ya se está trabajando en comisiones, que buscan propiciar que las y los docentes puedan desarrollar sus labores en mejores condiciones, en espacios libres de violencia y además pretenden disuadir la reincidencia de agresiones.
Para finalizar, Avitia Arellanes aseguró que se seguirá escuchando a las maestras y maestros del Estado para crear un marco jurídico que verdaderamente sea de utilidad en la defensa de sus derechos.
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