Funcionarios estadounidenses afirman que el grupo emitió entrevistas en las que los parientes afirmaban que sus familiares no habían sido asesinados por las autoridades iraníes durante las protestas de los últimos años, sino que habían muerto por causas accidentales y no relacionadas con el tema.
“La dependencia sistémica del gobierno iraní en las confesiones forzadas ilustra la negativa del gobierno a decir la verdad a sus ciudadanos y a la comunidad internacional”, dijo a través de un comunicado Brian Nelson, jefe de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.
Afirmó que Estados Unidos “seguirá haciendo que los funcionarios e instituciones gubernamentales iraníes que rindan cuentas por sus violaciones de los derechos humanos y su censura hacia el pueblo iraní.”
La Radiodifusión de la República Islámica de Irán había sido incluida en la lista negra de organizaciones en 2013. La última acción del Departamento del Tesoro iba dirigida a seis funcionarios por su nombre, describiendo a dos de ellos, Ali Rezvani y Ameneh Sadat Zabihpour, como “periodistas interrogadores” que habían extraído y emitido confesiones forzadas al estilo de los documentales de noticias.
El Tesoro alegó que las emisiones de la agencia estatal de medios de comunicación “hacen regularmente acusaciones falsas e infundadas contra ciudadanos iraníes, ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, y utilizan noticias falsificadas para desinformar e incriminar falsamente a los que son percibidos como enemigos del régimen”.
Decenas de iraníes han muerto en los dos últimos meses en las protestas derivadas de la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, retenida por las autoridades iraníes que alegaban que llevaba indebidamente su pañuelo hiyab. Pero las sanciones del martes estaban relacionadas con supuestas confesiones anteriores a las recientes protestas.
Las nuevas sanciones llegan en un momento en el que los medios de comunicación independientes de Irán están sometidos a una mayor presión, tanto dentro como fuera del país. Desde que estallaron las protestas en septiembre, más de 60 periodistas han sido detenidos.
El último periodista arrestado ha sido Kianoosh Sanjari, un reportero independiente que fue detenido el 13 de noviembre después de una audiencia en la prisión de Evin, según el Comité para la Protección de los Periodistas, que hace un seguimiento de las detenciones de los profesionales de la comunicación en Irán.
Sanjari, que entre 2010 y 2015 colaboró con el servicio persa de la VOA, había estado cubriendo las protestas a través de las redes sociales.
Alrededor de 25 de los periodistas que han sido detenidos por su cobertura de las protestas son mujeres, según la Coalición de Mujeres Periodistas (CFWIJ).
Las detenciones y el acoso a los medios de comunicación por la cobertura de las protestas es algo “sin precedentes” y “vemos a las mujeres son uno de los principales objetivos”, declaró recientemente a la VOA Kiran Nazish, directora fundadora de la CFWIJ.
A principios de este mes, la policía de Londres informó a dos periodistas iraníes británicos que trabajaban para Volant Media de “amenazas creíbles contra sus vidas” y las de sus familias, informó la emisora.
Volant Media es un canal en lengua farsi con sede en Londres que ha estado cubriendo las protestas contra el gobierno.
La emisora dijo que las amenazas contra sus periodistas eran una “peligrosa escalada” de los intentos de suprimir los medios de comunicación independientes.
La acción del Tesoro bloquea a los seis funcionarios iraníes de cualquier transacción que implique sus posesiones financieras y propiedades en Estados Unidos, aunque el departamento no dijo si tenían intereses financieros en Estados Unidos.
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