Como la orden de la jueza incluye también que los fiscales federales no pueden revisar los documentos clasificados hasta que el supervisor especial complete su labor, el Departamento de Justicia alega que eso interrumpiría una investigación en curso del FBI sobre el manejo de los documentos por parte de Trump y apelará la decisión si no recibe la suspensión antes del próximo jueves.
“Sin una suspensión, el gobierno y el público sufrirían un daño irreparable”, escribieron los fiscales.
Con una suspensión parcial, el supervisor especial o una tercera parte, podría ver los documentos no clasificados incautados por el FBI, entre ellos registros personales de Trump e información protegida bajo el privilegio abogado-cliente, señalaron los funcionarios de justicia.
En el registro del 8 de agosto en Mar-a-Lago, los agentes del FBI removieron unos 11.0000 documentos y otros registros, entre ellos más de 100 clasificados y algunos incluso “muy secretos”.
Bloquear a los fiscales el acceso a esos documentos clasificados impediría también una revisión clasificada y una evaluación de seguridad nacional de los documentos, expresaron los abogados en la petición.
Agregaron que la incertidumbre sobre el alcance de la orden de la jueza Aileen Cannon ha forzado a los servicios de inteligencia a “hacer una pausa” de su evaluación,
Además de ser una agencia de seguridad, el FBI forma parte de la comunidad de inteligencia de EEUU.
Bajo la Ley de Registros Presidenciales, Trump debió entregar todos los documentos relacionados con su presidencia a los Archivos Nacionales al terminar su mandato.
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