Ejecutivos de finanzas organizados a nivel nacional, indican que en los términos que está planteada la iniciativa, resultará errónea para la economía nacional y el bienestar ciudadano.
Ciudad de México (ADN / Staff) – La aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, en los términos en los que fue planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resultaría contraproducente para sus propios objetivos, afirma el Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Asociación Civil (IMEF).
En un comunicado, el organismo señala que los cambios son contrarios al bienestar de las familias mexicanas, al desarrollo del sector energético y a la economía nacional.
El IMEF exhorta al Congreso de la Unión a analizar a fondo los impactos de la Iniciativa, anteponiendo el interés de la Nación a consideraciones políticas.
Para el IMEF, La desaparición de la Comisión Reguladora de la Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.
Añade que se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.
Además, se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a los competidores comerciales internacionales e impactaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.
Considera también que se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad del Estado de Derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país.
El país quedaría rezagado de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos y se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad.
El comunicado añade que se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado Mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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