Hace unos días la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento a los salarios mínimos de 22%, confirmando con ello el compromiso de la 4T con los trabajadores, que en sólo tres años ha promovido un aumento nominal a los salarios, superior al 150 por ciento en la frontera y al 100% en el resto del país.

Esta decisión confirma que este gobierno está haciendo lo necesario para recuperar en el menor plazo posible el poder adquisitivo del sector del país cuyos ingresos durante 36 años se mantuvieron en un nivel tan precario que no representaban ni la tercera parte de lo necesario para comprar los productos y servicios básicos que una familia promedio requería para sobrevivir.

Nadie puede explicar el grado de insensibilidad de seis gobiernos: cuatro del PRI y dos del PAN, que de 1982 al 2018 montaron lo esencial de su política económica en el remate de la mano de obra de millones de trabajadores mexicanos que durante al menos tres generaciones tuvieron salarios insuficientes para garantizar un nivel de bienestar material digno.

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En verdad esa política salarial fue inhumana, trajo enormes daños a las familias mexicanas del campo y las ciudades, y fue una de las causas de los problemas de seguridad que hoy seguimos padeciendo.

Pero sobre todo fue un sacrificio innecesario, porque cómo entender que las remuneraciones y prestaciones bajaron a niveles inferiores a los de otros países latinoamericanos, cuyo aparato productivo está muy por debajo del que caracteriza al mundo empresarial de nuestro México.

Este despojo institucional, formal y legal, pero ilegítimo, propio de un capitalismo salvaje, que explotó sin límites a obreros, empleados y campesinos, se padeció, justo en dos etapas.

En la primera, ocurrida de 1982 al 2000, tres gobiernos del PRI siguiendo sin consideración alguna las orientaciones del FMI rebajaron el salario real a la cuarta parte del nivel alcanzado a fines de 1981.

En ese periodo el salario mínimo, medido en dólares reales, bajó de cerca de 24 dólares diarios a un nivel que osciló entre 4 y 5 dólares entre 1987 y el año 2000, sin que hubiera un fundamento económico que lo justificara, más allá del deseo de satisfacer los compromisos internacionales, perfectamente alineados con las expectativas de ganancia de las grandes empresas internacionales.

Después vino una segunda etapa en la que se perdieron otros tres sexenios (2000-2018), en los que bajo el pretexto de instaurar la democracia política electoral, la agenda del combate a la pobreza se transfirió del mercado al sistema de sostenimiento público, sólo con el fin, no manifiesto, de otorgarle otra gracia de 18 años más a las grandes empresas mexicanas y extranjeras, para que ahora sí terminaran de construir la nueva senda de progreso y crecimiento.

Pero fue inútil: al final los gobiernos de la alternancia nos entregaron un país con una democracia de cartón, con una proporción de pobres semejante a la de los primeros años del nuevo milenio y lo que es peor, con un ingreso per cápita, medido en dólares, por debajo de lo alcanzado en los años postreros del siglo XX.

Todo un fracaso en materia política, económica y social, manifiesto en procesos electorales repletos de vicios, con empresas y negocios cada día más vulnerables y con millones nuevos pobres extremos, como los ideólogos de los propios gobiernos terminaron de reconocerlo, a través de los organismos evaluadores que ellos mismos diseñaron a modo, como es el caso del Coneval.

En realidad nunca estuvo en su agenda mejorar los salarios que en esos años se mantuvieron prácticamente estancados.

La cifras no mienten: el cálculo oficial de la Conasami, publicado en su sitio oficial, nos indica que el salario real, medido ahora en pesos reales, prácticamente se mantuvo con el mismo poder adquisitivo en esos 18 años que conocieron dos gobiernos panistas y el último gobierno del PRI.

Tal indiferencia ante el dolor y el sufrimiento que continuó causando la depresión salarial en las familias trabajadoras, no tiene justificación alguna, porque tan sólo en tres años el gobierno de la 4T ha demostrado que el país, su economía y sus comunidades de negocios no sólo eran capaces de iniciar un ciclo de recuperación salarial, también lo requerían, para ampliar su mercado interno.

Los hechos hablan por sí mismos.

De 1982 al 2000 el salario se comprimió a la quinta parte de lo que había sido en diciembre de 1981; luego del 2000 a diciembre del 2018 los gobiernos neoliberales con una indolencia inexplicable lo mantuvieron en fondo del pozo; pero justo ahora el gobierno de AMLO en sólo tres años (2018-2021) lo aumentó en 52.2 por ciento, para sumar, al menos otro 15 por ciento real a lo largo del 2022, una vez que se haya descontado la inflación, esperada entre 7 y 8 por ciento.

Así tenemos que en sólo cuatro años se pagará a los millones de trabajadores y trabajadoras un salario mínimo real, 67 por ciento más elevado del que prevaleció en los 36 años del mal gobierno neoliberal.

Finalmente, sólo queda recordar que sí se puede gobernar para los más pobres de nuestro México.

Juan Carlos Loera SQR
Juan Carlos Loera de la Rosa

Empresario y político defensor de la cuarta transformación.


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