Mientras la Presidente insiste en hablar de soberanía, de amenazas externas y de una supuesta derecha empeñada en dañar al país, millones de mexicanos enfrentan una realidad mucho más tangible y dolorosa: la violencia cotidiana de los grupos criminales que han logrado desafiar al propio Estado mexicano.
La reciente emboscada en Chinicuila, Michoacán, donde integrantes del crimen organizado hirieron a varios militares utilizando armas de alto poder y explosivos improvisados, debería obligarnos a replantear las prioridades nacionales.
Porque la verdadera amenaza a la soberanía mexicana no proviene de quienes critican al gobierno. Tampoco de quienes discrepan de la política oficial o cuestionan las decisiones de la administración federal. En una democracia, disentir es un derecho. La verdadera amenaza proviene de quienes asesinan, secuestran, extorsionan, desplazan comunidades enteras y atacan a las fuerzas del Estado.
Mientras en Palacio Nacional se libra una batalla discursiva contra adversarios políticos, en amplias regiones del país los ciudadanos siguen viviendo bajo la amenaza permanente del crimen organizado. Son los delincuentes quienes cobran derecho de piso. Son los delincuentes quienes deciden qué negocios pueden abrir. Son los delincuentes quienes expulsan familias de sus comunidades. Son los delincuentes quienes colocan minas terrestres y emboscan a policías, marinos y soldados.
La soberanía no se mide por los discursos. Se mide por la capacidad efectiva del Estado para ejercer autoridad dentro de su territorio.
El monopolio legítimo del uso de la fuerza constituye uno de los principios fundamentales de cualquier Estado moderno. Cuando organizaciones criminales son capaces de desafiar abiertamente al Ejército Mexicano, atacar convoyes militares y controlar regiones enteras, estamos frente a una pérdida progresiva de ese monopolio.
Resulta difícil comprender por qué el gobierno parece mostrar mayor energía para confrontar a opositores políticos, periodistas, empresarios o críticos, que para recuperar plenamente territorios donde la autoridad del Estado ha sido sustituida por la autoridad criminal.
Los ciudadanos no necesitan más confrontación política. Necesitan seguridad.
No necesitan más divisiones entre izquierda y derecha. Necesitan poder circular por carreteras sin temor a retenes criminales.
No necesitan más descalificaciones desde las conferencias matutinas. Necesitan que sus hijos puedan salir a la calle sin convertirse en víctimas de la violencia o ser levantados.
Y mientras esta realidad persista, seguir hablando de soberanía sin resolver el problema de la inseguridad resulta una contradicción difícil de ignorar.
Porque la soberanía no se defiende únicamente frente a gobiernos extranjeros. Se defiende, ante todo, garantizando que ninguna organización criminal pueda imponer su voluntad sobre el territorio nacional.
Los militares heridos en Michoacán, los policías asesinados en emboscadas, los marinos caídos en operaciones y los miles de ciudadanos víctimas de la extorsión y la violencia son el recordatorio permanente de que el principal desafío de México no es ideológico. Es la incapacidad del Estado para imponer plenamente la ley en todo el territorio nacional.
Y mientras eso no ocurra, los discursos seguirán siendo palabras. Los criminales, en cambio, seguirán hablando con balas.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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