La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel ha provocado reacciones encontradas. Para algunos representa la confirmación de que nadie está por encima de la ley; para otros, el inicio de una preocupante utilización política de las instituciones. Entre ambos extremos hay una postura mucho más sensata: exigir justicia, pero también exigir que ésta se sostenga sobre pruebas y no sobre espectáculos.
Porque una democracia madura no celebra detenciones. Celebra sentencias sólidas.
Nadie debería escandalizarse porque un exgobernador, un alcalde, un legislador o cualquier funcionario sea investigado. Quien administra recursos públicos debe estar sujeto al más alto nivel de escrutinio. La ciudadanía lleva décadas reclamando precisamente eso: que los cargos públicos no sean escudos de impunidad.
Pero existe una diferencia enorme entre combatir la corrupción y administrar un calendario de golpes mediáticos.
Si las autoridades decidieron detener a Ruffo Appel, es legítimo esperar que cuenten con elementos suficientes para sostener la acusación ante un tribunal. De lo contrario, el país volvería a presenciar una escena demasiado conocida: conferencias triunfalistas, titulares estridentes, fotografías de la captura y, semanas después, una resolución judicial que derrumba el caso mientras nadie ofrece una explicación. Al final, el ciudadano recibe apenas un implícito “disculpe usted”, mientras la credibilidad institucional pierde otro pedazo.
Resulta inevitable recordar que, en una etapa previa, una jueza había negado la orden de aprehensión, al no contar con pruebas suficientes para ello. Hoy, tras haber turnado el expediente a otra jueza dentro del mismo Centro de Justicia Penal de Almoloya, ésta sí autorizó la orden de aprehensión contra Ruffo y otros investigados relacionados con la carpeta. Esa circunstancia, por sí sola, obliga a una exigencia adicional de transparencia. No basta con afirmar que ahora sí había elementos suficientes; será indispensable demostrarlo durante el proceso.
Porque la justicia no puede depender de quién ocupe una silla judicial ni de los vientos políticos del momento. Debe depender exclusivamente de los hechos y del derecho.
Sin embargo, hay una exigencia todavía mayor.
Si verdaderamente estamos entrando a una etapa donde la ley alcanzará a quienes abusaron del poder, entonces esa firmeza debe aplicarse sin excepciones. No únicamente contra personajes vinculados a partidos opositores, sino también contra quienes hoy forman parte del grupo político gobernante o mantienen afinidad con él.
La corrupción nunca ha militado en un solo partido.
México conoce expedientes pendientes, denuncias públicas, auditorías, señalamientos y sospechas que involucran a actores de prácticamente todas las fuerzas políticas. Si existen pruebas suficientes contra cualquiera de ellos, el mismo rigor debe hacerse presente. Exgobernadores, exfuncionarios, legisladores o dirigentes cercanos al régimen actual deben enfrentar exactamente el mismo estándar que hoy enfrenta Ruffo Appel.
De otra manera, la justicia deja de ser justicia para convertirse en estrategia política.
El verdadero combate a la corrupción no consiste en exhibir adversarios, si no en construir instituciones capaces de investigar sin consignas, acusar sin venganzas y sentenciar sin preferencias partidistas.
La ciudadanía ya no quiere procesos selectivos. Tampoco desea impunidad para nadie. Lo que exige es algo mucho más elemental y, al mismo tiempo, mucho más difícil de conseguir: un Estado donde el apellido, el partido o la cercanía con el poder no determinen quién pisa un juzgado y quién permanece intocable.
Si Ernesto Ruffo Appel cometió delitos, que sea condenado conforme a derecho. Si las pruebas no alcanzan, que también quede claro y se expliquen las razones de su detención. Pero, sobre todo, que este caso no termine siendo una excepción útil para el discurso oficial mientras otros expedientes, con protagonistas políticamente convenientes, continúan acumulando polvo.
Si hay pruebas, que caiga cualquiera, sin importar el partido, el cargo o la cercanía con el régimen. De lo contrario, no estaremos frente a un Estado de derecho, sino ante una justicia de utilería: útil para exhibir adversarios, pero incapaz de tocar a los propios. Y un país donde la ley distingue entre enemigos y aliados no conoce la justicia; conoce el abuso del poder.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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