Con la detención de Rosario Robles, vinieron a la memoria de millones de mexicanos como recuerdo, las imágenes de Elba Esther Gordillo y Javier Duarte detrás de las rejas; siendo una ex funcionaria importante en la política nacional y de la confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto. La diferencia es que a la Gordillo y a Duarte, les tocó ser enjuiciados dentro de la administración de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, imponiéndose ante el Poder Judicial de la Federación como se acostumbraba. Incluso los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran instruidos por el Presidente de la República, durante los sexenios del PRI y del PAN.
Ésta vez se siente diferente el ambiente político y jurídico. El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha sido tajante en sus declaraciones mañaneras, “cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción”. Tampoco influir, ni mucho menos ordenar en estos casos lo que debe hacer el Poder Judicial, ni la Fiscalía General de la República. Son autónomos completamente. “Actúan conforme a derecho y sin limitación, ni presiones políticas”. “No he mandado palomas mensajeras, ni tampoco instrucciones de cómo actuar en estos casos de corrupción” dijo el titular del Ejecutivo.
La costumbre de robar con licencia del jefe inmediato superior, con súper sueldos y el tráfico de influencias, de algunos miembros de la función pública, son algunas de las características de la clase política corrupta en la mira de la justicia. Ahora el dilema es, si los que representan hoy en día a la justicia, no se corromperán como se han corrompido también con las anteriores administraciones, pues en los juzgados no hay cambios y siguen los mismos de antes. Tienen facilidad para dictar sentencias a favor y en contra al mismo tiempo, o sobreseer según les convenga.
Las investigaciones y sobre todo el reportaje elaborado y publicado por el medio de información nacional “Animal Político”, hunden a la famosa política a la que le imputan la llamada “Estafa Maestra”. Ahora habrá que probar todo lo que la Fiscalía General de la República presentó en su contra. Igualmente en las actuaciones judiciales que se han dado a conocer a la prensa, se puede apreciar que el Juez además requirió a la Fiscalía para que determine si habrá investigación contra José Antonio Meade, por las mismas omisiones imputadas a Rosario Robles, toda vez que lo involucra en su declaración inicial. Habrá más nombres de famosos políticos que utilizaron los fondos destinados a beneficios sociales y a las universidades del país, que se desviaron para otros propósitos ilegalmente.
Las formalidades jurídicas son de gran importancia porque darán certeza para confiar en la administración de justicia. Pues debido a las “fallas” y “violaciones” al debido proceso, han permitido liberar o absolver de la mayoría de los delitos imputados a delincuentes de cuello blanco como Elba Esther y Javier Duarte, destacando que solo fue circo, maroma y teatro, para justificar el combate contra la corrupción. Lo que se considera como una burla al sistema de justicia penal mexicano.
Por ello, es de vital importancia lo que ocurre en la Fiscalía General de la República en coordinación con el Poder Judicial de la Federación, para que se establezca un vínculo de apoyo jurídico para evitar los errores y fallas al debido proceso. Según declaraciones del titular de la Auditoría Superior de la Federación David Colmenares, se logró una gran coordinación que nunca se había tenido con la autoridad judicial y la Fiscalía General, considerándola relevante. La actuación del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, al parecer no es imparcial y eso beneficia a la defensa de la Robles.
El objetivo fundamental es finalmente erradicar la corrupción en todos los niveles de la administración pública y para ello se necesita determinación, capacidad, conocimiento y honestidad en los actores del procedimiento. El Presidente no necesita palomas mensajeras, pues ya las dejó volar con el mensaje desde su campaña política y durante los ocho meses que lleva en su gestión, insistiendo todos los días, en el ejemplo de su honestidad, sin intervenir en los poderes, pero con determinación para actuar contra quien se corrompa en su administración sea quien sea, incluyendo a su familia.
La señora Robles está obligada a colaborar para dar a conocer a sus cómplices y la forma en que se realizaron las operaciones fraudulentas que afectaron a millones de pobres y estudiantes que nunca recibieron los beneficios etiquetados para tal fin. En caso de ser culpable, pues la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental a su favor.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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