No todo lo que se afirma es verdad, ni todo lo que se dice es cierto. La verdad absoluta, menos. Por eso debemos cuidar la interpretación jurídica y el valor de lo que hemos logrado en materia de derechos humanos, así como la debida función de las instituciones públicas. Por eso para lograr la paz y la justicia social, primeramente debemos ser respetuosos de la ley.
El Ayuntamiento de Ciudad Juárez que encabeza como presidente municipal Armando Cabada, a través de los Regidores de los partidos políticos PAN, Verde Ecologista, once independientes, el PRI, el PES, y uno autónomo, aprobó en sesión extraordinaria el proyecto denominado “Juárez Iluminado”, bajo el argumento de que no es una deuda, porque se pagará mediante el Derecho de Alumbrado Público (DAP), que actualmente se cobra en el recibo de la luz, aplicando el 5% mensual y bimensual en residencias y casas habitación. Además se planteó que a partir de que termine de instalarse el nuevo sistema, a finales del 2020, aumentará anualmente otro 5 por ciento el DAP, durante un lapso de 15 años.
En la administración pasada, siendo presidente municipal Enrique Serrano, el procedimiento de licitación para reparar e instalar noventa y nueve mil luminarias, se convino en tres etapas, a través de la empresa que obtuvo la aprobación del cabildo, cumpliendo con todos los requisitos administrativos; conforme a las disposiciones legales que según dicha administración; amparan el contrato y los compromisos adquiridos por la persona moral denominada Municipio de Juárez, y por la empresa Intelliswitch S.A. de C.V., quien resultó favorecida con la licitación y además ha recibido reconocimientos de municipios a nivel nacional, como Monterrey, Aguascalientes y el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica Cementos Samalayuca, entre otros.
Según se ha difundido en medios, la empresa Intelliswitch ha manifestado su total disposición para cumplir con la garantía, ya que el contrato tiene una vigencia de cinco años. De tal manera que el ayuntamiento es quien debe hacer valer las cláusulas y en su caso efectiva las fianzas que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones. La empresa mencionada afirma que no ha sido enterada de queja alguna por parte de la actual administración, para realizar el mantenimiento y suplir todas las deficiencias o reparaciones garantizadas. Cabe hacer mención que en la instalación de las luminarias hubo un control de mando y un mil setecientos módulos que envían señales a través de computadoras para su debido control de las fallas que se originen.
Por lo que es procedente primero, que la actual administración realice las gestiones contractuales para que se cumpla con lo convenido respecto al alumbrado público. Pues hasta la fecha no se ha dado ante la opinión pública, una respuesta satisfactoria en relación con las obligaciones pactadas. Así como también la obligación de revisar y analizar si hubo o no acciones fraudulentas o de corrupción.
La actual administración municipal, está obligada a continuar con el procedimiento administrativo, dar seguimiento a los compromisos adquiridos porque no se trata de personas físicas, sino de la institución pública. Se supone que para conceder la licitación del Contrato de Obra de Alumbrado Público, a la empresa Intelliswitch S.A. de C.V., se tuvieron que agotar las autorizaciones respectivas del Comité Técnico especializado, del grupo financiero AFIRME, de la sindicatura, la aprobación del cabildo a través de los regidores, de peritajes, presupuestos documentados, y la capacidad para su cumplimiento de acuerdo a las condiciones estipuladas.
Es obvio que los actuales Regidores son ignorantes de los antecedentes para aprobar de manera irresponsable, como lo hicieron, el proyecto al que se aferra el presidente municipal Armando Cabada y ahora contagiado al cabildo de la ciudad de Chihuahua, que pretende realizar lo mismo, con recursos inconstitucionales que se siguen cobrando ilegalmente. Caso de corrupción sin duda, donde se ampara el pago de la deuda que se adquirirá para privatizar el servicio de alumbrado.
Cabada aseguró que el cobro del DAP se aplica desde 1980 “y ha sido imposible hasta hoy tumbar ese derecho que tenemos que pagar todos los juarenses”; lo cual es falso, pues existen empresas que cada año promueven el amparo contra el DAP y lo ganan. Lo que significa, que cualquier ciudadano que se ampare obtendrá la devolución del DAP si así lo quisiera. O que por iniciativa del legislativo federal, se elimine su cobro por ser inconstitucional.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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