El pasado 8 de septiembre el Lic. Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó a la Cámara de Senadores el Paquete Económico 2023, que contiene los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir de los cuáles el Congreso definirá y aprobará un presupuesto para el próximo año.
Este Paquete Económico 2023 se presenta en un entorno de desaceleración económica -con potencial de convertirse en recesión-, alta inflación -con incidencia no sólo en los combustibles, sino en productos de la canasta básica de la población más vulnerable-, mayores tasas de interés -resultado hasta cierta medida lógico de la inflación- y finalmente, una elevada incertidumbre. Conflictos bélicos y sociales que provocan inestabilidad mundial porque sus actores son clave en el suministro de alimentos, productos energéticos y ciertos metales estratégicos y adicionalmente, por si no fuere suficiente, con la pandemia sin desaparecer, elevando los costos de los sistemas de salud a nivel mundial, más padeciendo los efectos del cambio climático, entre los que se cuentan la deforestación, el deterioro a la biodiversidad y las inundaciones o sequías.
Se destaca una expectativa de crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), la cual se advierte muy optimista y contrasta con la del 1.6% proyectado por el Banco de México. También contiene un estimado de inflación del 3.2% lo que también se encuentra muy inferior a la mayoría de los pronósticos.
Contrastando con los años anteriores se aleja de la austeridad fiscal y eleva de forma importante el gasto público, principalmente en los programas de pensiones para adultos mayores y en los proyectos emblemáticos de la actual administración federal como el Tren Maya y la Nueva Refinería de Dos Bocas.
Los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubican en 2023 en un 4.1% del PIB y el saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público en un 49.4% del PIB.
En esta ocasión y contrario a los años anteriores, no se presentó una miscelánea fiscal, concentrándose los principales cambios propuestos en la Ley Federal de Derechos y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que prevén fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, anticipando una reducción en los costos financieros de la deuda.
Dadas las anteriores observaciones, considero que la consistencia macroeconómica del Paquete presentado resulta cuestionable. Lo anterior porque se solicitan más recursos para los programas del bienestar, salud, educación e infraestructura, sustentándolos con una mejora recaudatoria basada en un crecimiento económico incierto.
Seguimos -y en este gobierno ya se postergó la tarea- con una gran debilidad de nuestro sistema recaudatorio. Sólo captamos por ingresos tributarios no petroleros aproximadamente un 18% del PIB, lo que representa la mitad de lo que captan en promedio los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y hasta la tercera parte de países como Francia o Dinamarca. Sin espacio o flexibilidad fiscal el Estado se debilita y le resulta complicado cumplir con sus labores esenciales, tales como combatir la corrupción, abatir la desigualdad o enfrentar con eficiencia el fenómeno de la inseguridad.
Sigue pendiente una reforma hacendaria amplia y políticamente consensada, que fortalezca tanto los ingresos públicos federales como los de las entidades federativas y de los municipios. Que con visión de futuro mantenga el ritmo del gasto social planteado y apuntale las instituciones que favorezcan las condiciones necesarias para mejorar la productividad y competitividad en el país.
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
