Quienes vivimos en Ciudad Juárez sabemos que la frontera no se parece al resto del país. Aquí, El Paso no es una ciudad extranjera y lejana: forma parte de nuestra vida cotidiana. Hay familias enteras divididas por una línea internacional; personas que nacieron en El Paso y crecieron en Juárez; juarenses que trabajan todos los días del lado estadounidense y regresan a dormir a México; matrimonios binacionales, estudiantes, comerciantes y generaciones acostumbradas a vivir entre dos países. Por eso, las nuevas medidas de Estados Unidos contra el llamado “turismo de parto” necesariamente se viven distinto desde esta frontera.
El pasado 6 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las acciones contra las personas que ingresen a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz. La disposición contempla negar la entrada, revocar visas e incluso imponer prohibiciones permanentes de ingreso. No es un tema completamente nuevo: desde 2020 las reglas consulares estadounidenses permiten negar una visa cuando existen elementos para considerar que el propósito principal del viaje es dar a luz para que el hijo obtenga la ciudadanía estadounidense.
Pero hay una distinción que me parece fundamental: una cosa es el fraude migratorio y otra muy distinta la realidad histórica de las comunidades fronterizas.
Mentir deliberadamente a una autoridad, falsificar información o participar en organizaciones dedicadas a vender esquemas para obtener beneficios migratorios debe tener consecuencias. Sin embargo, para miles de familias juarenses, atenderse médicamente en El Paso, estudiar allá, trabajar allá e incluso tener a sus hijos allá nunca fue concebido como una operación migratoria sofisticada. Era, sencillamente, parte de vivir en la frontera.
Muchos de nosotros conocemos personas que nacieron en El Paso, han vivido prácticamente toda su vida en Juárez y conservan vínculos familiares, profesionales y económicos con ambos lados. También conocemos a quienes viven en Juárez y trabajan diariamente en Texas. Esa convivencia ha existido durante generaciones y constituye una de las características más particulares de nuestra región.
Precisamente por eso preocupa que políticas diseñadas originalmente para perseguir redes organizadas terminen generando una presunción de culpabilidad sobre las familias fronterizas. Estar embarazada no puede convertirse, por sí mismo, en motivo de sospecha.
El debate es todavía más complejo porque el 30 de junio la Suprema Corte estadounidense resolvió que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran temporalmente o incluso ilegalmente en el país están sujetos a su jurisdicción y son ciudadanos al nacer conforme a la Decimocuarta Enmienda. La discusión jurídica, por tanto, dista mucho de estar cerrada, particularmente después de las nuevas órdenes emitidas por la administración Trump.
Lo que ocurre en Estados Unidos tampoco es un fenómeno aislado. Estamos observando un endurecimiento de las políticas migratorias en buena parte del mundo, impulsado especialmente por el avance de gobiernos y partidos de derecha. La administración Trump ha convertido el control migratorio en uno de los ejes centrales de su gobierno; en Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado mecanismos para procesar o retener migrantes fuera de su territorio; y la Unión Europea puso en vigor este año nuevas reglas con controles fronterizos más robustos, procedimientos acelerados y mayores mecanismos de retorno.
Los países tienen derecho a establecer reglas, proteger sus fronteras y sancionar el fraude. Pero las buenas políticas públicas también exigen proporcionalidad, contexto y sentido común.
Desde Ciudad Juárez conocemos una realidad que a veces se pierde de vista en Washington: una frontera no solamente divide; también une.
Y cuando lo que durante generaciones fue parte normal de la vida fronteriza comienza a convertirse automáticamente en objeto de sospecha, vale la pena preguntarnos si estamos combatiendo los abusos o si, en el camino, estamos dejando de comprender lo que significa vivir en una verdadera comunidad binacional.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal
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