En Ciudad Juárez hay familias para las que cruzar la frontera no significa entrar a otro mundo. Significa ir al trabajo, a la escuela, al médico, visitar a los abuelos o, incluso, ir a dar a luz. Son familias que viven la frontera como una extensión de su propia vida.
Por eso, las nuevas medidas del gobierno estadounidense contra el llamado “turismo de maternidad” y sus intentos por restringir la ciudadanía por nacimiento no son un asunto lejano de política migratoria. En esta ciudad pueden convertirse en un problema legal, migratorio y social que alcance directamente a miles de familias.
El gobierno de Estados Unidos pretende endurecer las reglas para quienes ingresen con visas temporales con el propósito principal de dar a luz y obtener para sus hijos la ciudadanía estadounidense. La preocupación no está en combatir el fraude migratorio, una facultad legítima de cualquier Estado, sino en determinar hasta dónde puede llegar esa política sin terminar colocando bajo sospecha a quienes utilizan legalmente la frontera.
Porque no toda mujer mexicana que cruza embarazada está haciendo turismo de maternidad.
En una ciudad como Juárez, puede tratarse de una mujer que tiene visa vigente, seguro médico, familiares en El Paso, una relación laboral o una historia familiar que hace que el parto en Estados Unidos forme parte de una decisión personal y no de una estrategia para obtener beneficios migratorios.
La diferencia parece evidente. El problema es quién la determina y con qué criterios.
Una visa de visitante nunca ha garantizado por sí misma el ingreso a Estados Unidos. Las autoridades pueden cuestionar el propósito del viaje y, desde hace años, existen reglas que permiten negar una visa cuando se considera que la intención principal es viajar para dar a luz y obtener la ciudadanía para el hijo.
Lo que cambia ahora es el clima político y el endurecimiento de las medidas.
Para las familias juarenses, eso significa algo muy concreto: una visa que durante años permitió cruzar puede comenzar a estar sometida a un escrutinio mucho mayor. Una decisión tomada durante un embarazo puede tener consecuencias posteriores sobre la posibilidad de ingresar nuevamente a Estados Unidos.
Y entonces aparece una pregunta que no es menor: ¿qué ocurre con los hijos?
Aquí es donde la discusión deja de ser solamente migratoria y entra de lleno al terreno constitucional.
La ciudadanía por nacimiento no ha desaparecido. La Decimocuarta Enmienda establece el principio de ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadounidense y la Suprema Corte ha intervenido recientemente en la disputa generada por los intentos de limitar ese derecho mediante acciones del Ejecutivo.
Las nuevas medidas no significan, por sí mismas, que todos los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros hayan dejado de ser ciudadanos. Lo que existe es una nueva batalla jurídica sobre los alcances y las excepciones que el gobierno estadounidense pretende establecer.
Y esa diferencia importa.
Porque una cosa es que un gobierno combata una conducta fraudulenta y otra que construya una categoría de sospecha alrededor de determinadas familias.
Para Ciudad Juárez, el problema puede crecer precisamente en esa zona gris.
La incertidumbre jurídica tiene consecuencias sociales. Puede provocar que mujeres embarazadas modifiquen decisiones médicas por miedo a perder su visa; que familias eviten cruzar aun cuando tengan derecho a hacerlo; que aumente la contratación de intermediarios que prometen resolver problemas migratorios; o que personas mal informadas tomen decisiones trascendentes sobre sus hijos basándose en rumores.
La frontera siempre ha producido mercados alrededor de la necesidad. Cuando aumenta la incertidumbre, también aumentan quienes están dispuestos a cobrar por convertirla en una falsa certeza.
Por eso, la respuesta de México no puede limitarse a observar el litigio desde lejos.
Ciudad Juárez necesita información jurídica precisa y accesible. El consulado mexicano tiene un papel fundamental para explicar qué situaciones pueden poner en riesgo una visa, qué derechos conservan los menores nacidos en Estados Unidos y qué hacer ante una revisión migratoria. Las familias necesitan saber dónde termina una conducta legítimamente perseguible y dónde comienza una vulneración de derechos.
También hay una ventana de protección en los tribunales estadounidenses. Si las nuevas medidas exceden las facultades del Ejecutivo o contradicen las garantías constitucionales, serán los jueces quienes deberán establecer los límites. No es poca cosa. En un sistema democrático, precisamente para eso existe la división de poderes: para impedir que una decisión política se convierta automáticamente en una nueva regla constitucional.
Pero mientras esa batalla ocurre en Washington y en los tribunales, en Juárez la frontera seguirá funcionando todos los días.
Seguirán cruzando trabajadores, estudiantes, familias y mujeres embarazadas. Seguirán naciendo niños cuyas vidas estarán vinculadas a dos países desde el primer día.
Son ellos, finalmente, los que deberían estar en el centro de esta discusión.
Porque los hijos de la frontera no eligieron dónde nacieron, ni las leyes migratorias de los países que sus padres habitan, ni las decisiones políticas que ahora pueden determinar el alcance de sus derechos.
Y quizá por eso la pregunta más incómoda no sea si Estados Unidos puede endurecer su política migratoria.
La pregunta es otra:
¿Hasta dónde puede llegar un Estado para controlar su frontera sin terminar convirtiendo a los hijos de quienes viven junto a ella en parte del problema?
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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