Las instituciones electorales tienen una responsabilidad que va mucho más allá de organizar elecciones: deben garantizar que la competencia se desarrolle bajo reglas claras, condiciones equitativas y respeto a la voluntad ciudadana. Sus facultades son indispensables para preservar la democracia, pero también tienen límites y están sujetas al escrutinio público. Porque en una contienda electoral no basta con vigilar a quienes buscan el voto; también es necesario vigilar al árbitro, revisar sus decisiones y preguntarnos si ejerce sus atribuciones con imparcialidad, fundamento y responsabilidad. De cara a 2027, hay determinaciones que merecen atención.
En Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral aprobó criterios de paridad que reservan las candidaturas a las presidencias municipales de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava para fórmulas integradas por mujeres.
La capacidad política de las mujeres no está en tela de juicio, tampoco la necesidad de abrirles espacios y respetar sus voces. Lo que merece discutirse es si este tipo de disposiciones representa la mejor manera de garantizarlo.
Las mujeres no necesitan canonjías ni concesiones que condicionen su participación a una determinación administrativa. Necesitan reconocimiento, empoderamiento, respeto y visibilización de sus trayectorias. La equidad significa piso parejo en la contienda, oportunidades reales, capacitación y procesos partidistas que permitan construir liderazgos.
En Chihuahua hay mujeres con el perfil y la preparación necesarios para dirigir municipios y gobernar el estado. Su capacidad debe hablar por sí misma en todos los espacios, no por dictamen de un órgano electoral, sino por derecho propio.
La pregunta, entonces, es hasta dónde llegan las facultades de los institutos electorales para determinar quién puede competir por una candidatura en función de su sexo. Las acciones afirmativas tienen un fundamento constitucional, pero eso no elimina la obligación de discutir sus alcances, sus criterios y sus efectos sobre los procesos de selección. Garantizar la participación no debería significar sustituir el reconocimiento de los méritos ni la responsabilidad de los partidos de formar a sus propios cuadros.
Y si de reglas para competir hablamos, otra determinación del IEE merece atención: los topes de gastos de precampaña para el proceso electoral 2026-2027.
El Consejo Estatal fijó 12 millones 923 mil 253 pesos para la gubernatura; seis millones 773 mil 481 para la presidencia municipal de Juárez y cuatro millones 64 mil pesos para la sindicatura. En las diputaciones locales, los límites varían según el distrito: en Juárez, por ejemplo, el Distrito 02 tiene un tope de 660 mil 116 pesos; el 03, de 860 mil 954, y el 10, de 632 mil 496 pesos.
Las cifras están establecidas y las precampañas tienen fechas oficiales de inicio: el 2 de diciembre para la gubernatura y el 19 de diciembre para los demás cargos. El problema es que la competencia política parece haber comenzado mucho antes.
Morena lleva semanas desarrollando procesos para designar coordinadores estatales, distritales y municipales. Bajo estas figuras se han realizado recorridos, reuniones y actividades de posicionamiento político. ¿Cuánto cuestan? ¿Quién los paga? ¿Cómo se fiscalizan? ¿Dónde termina un ejercicio interno de organización partidista y dónde comienza una actividad de promoción política?
El INE y el IEE tienen la responsabilidad de vigilar que los recursos se utilicen conforme a la ley. Pero establecer topes no resuelve por sí mismo el problema de las actividades anticipadas ni garantiza que los gastos asociados a ellas sean identificados y fiscalizados oportunamente.
De poco sirve fijar límites para una competencia formal si el posicionamiento de quienes aspiran a una candidatura ya está ocurriendo por otras vías. La regla corre el riesgo de convertirse en una formalidad si no existe capacidad institucional para vigilar lo que sucede antes de que comiencen los periodos oficiales.
Ambos asuntos conducen a una misma preocupación: el alcance de las decisiones de las autoridades electorales y la obligación de que sus actuaciones sean transparentes, fundamentadas y sujetas a escrutinio.
La democracia electoral es un terreno complejo, lleno de disposiciones, interpretaciones y facultades que no siempre resultan evidentes para los ciudadanos. Precisamente por eso no podemos asumir que toda regla, por llevar el sello de una autoridad electoral o invocar una causa legítima, es necesariamente incuestionable.
La paridad no debe confundirse con una concesión y los topes de precampaña no deben ser una formalidad sin vigilancia efectiva. Necesitamos instituciones que garanticen condiciones justas, pero también ciudadanos dispuestos a cuestionar sus decisiones y exigirles cuentas.
Porque en democracia el árbitro tiene la obligación de hacer cumplir las reglas, no de convertirse en dueño del juego. Y cuando la ciudadanía deja de vigilarlo, el riesgo no es solamente que la competencia pierda equidad, sino que terminemos perdiendo el sentido mismo de la democracia.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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