El Senado de la República no logró los consensos requeridos para ratificar a ninguno de los actuales comisionados del IFAI, por lo tanto habrá una renovación completa del órgano garante del derecho de acceso a la información y se deberá nombrar a finales de este mes de marzo a siete nuevos comisionados.
Han sido encargadas de elaborar el dictamen de propuestas finales las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la de Estudios Legislativos segunda. Habrá un proceso de consulta con organizaciones de la sociedad y audiencias públicas con cada uno de los aspirantes que hayan cumplido los requisitos constitucionales. Se trata de la integración de uno de los órganos más estratégico e importante para el fortalecimiento de nuestra democracia, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Y será una de las decisiones más trascendentales que la actual legislatura del Senado de la República tome en relación directa con su real compromiso por la Transparencia.
La recién promulgada reforma constitucional en materia de acceso a la información, duplicó los sujetos obligados, prácticamente todas las entidades públicas estarán ahora bajo la jurisdicción del IFAI: las cámaras del congreso y sus grupos parlamentarios, los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y privados que manejen fondos del erario. Además se convierte en órgano nacional con facultades para atraer casos locales y conocer como última y definitiva instancia recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de resoluciones de los órganos en los Estados. Esta ampliación de su competencia fue el reconocimiento de la involución que el acceso a la información ha tenido en las entidades federativas, por un proceso de apropiación de los gobernadores sobre estos órganos, vía el control de los Congresos Estatales.
El ejemplo de Chihuahua es referencial de esa regresión, entre los penosos casos que dieron inspiración a la reforma. Y la batalla legal que el abogado Rodolfo Leyva Martínez ha librado en instancias judiciales federales es histórica y confirmó la integración bajo estrictos criterios partidistas de esa instancia en mi Estado. En noviembre de 2012 denuncié en este mismo espacio, ante medios y junto con representantes de organizaciones civiles, que en Chihuahua se realizaba un proceso al contentillo del Gobernador del Estado, César Duarte, para la renovación parcial del Ichitaip pues se había producido una convocatoria con alto grado de discrecionalidad política en un proceso colmado de opacidad en los criterios de evaluación. Adelanté que el proceso se trataba de una simulación, bajo decisiones que le alejan del área de especialización y experiencia para la función mayor que debe ser garantizar el acceso a la información y el ejercicio del principio constitucional de máxima publicidad. Así sucedió. El 29 de noviembre de 2012, cuando la pasada legislatura eligió a las nuevas integrantes del instituto de transparencia sin fundar ni motivar su resolución, se produjo polémica y denuncias porque hasta se incumplieron los requisitos fijados por el propio Congreso del Estado. Pero se apostó a que el escándalo se apagara con el tiempo.
Sin embargo no contaban con la astucia legal y el tesón del abogado Rodolfo Leyva Martínez, uno de los aspirantes al cargo que no fue tomado en cuenta, no obstante haber obtenido la mejor calificación de todos los concursantes. El 21 de diciembre de 2012 presentó una demanda de amparo ante tribunales federales.
Leyva alegó en su demanda que “las personas designadas por el Congreso del Estado -como titulares y suplentes-, no fueron seleccionadas con base en sus méritos individuales: sólo se hizo una simulación para terminar eligiendo a quien ya se había escogido desde antes de que el proceso iniciara.” Señaló algunos de los elementos por los que las designadas no cumplieron con los términos de la convocatoria, e impugnó la falta de especialización de las dos comisionadas designadas, pues demostró que una reprobó el examen de conocimientos con la calificación de 4,5; mientras que la otra obtuvo una calificación de 6,6, por lo que argumentó: “es evidente que dicha persona incumple con el estándar de especialización ordenado en el art.o 6.o, párr. Segundo, fracc. IV, de la CPEUM”.
La impugnación por la vía del amparo calificó el proceso de “inauténtico, porque no se hicieron los análisis de los aspirantes que están normativamente estatuidos, lo que permitió que se mezclasen los candidatos, en vez de que se fueran estableciendo diferencias y preferencias racionales”. Leyva explicó entonces que el proceso de selección sufrió una desviación que generó que “se soslayaran los principios constitucionales, y se eligiera a personas que no son aptas según los criterios objetivos de diferenciación” por tanto acusó que las autoridades en el proceso no realizaron una selección seria, imparcial y efectiva.
En un primer momento el juez Ignacio Cuenca Zamora determinó no amparar a Rodolfo Leyva Martínez, no obstante en una segunda actuación otorgó el amparo contra actos del Congreso del Estado, el gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno y el Periódico Oficial del Estado en cuanto a la falta de fundamentación para la elección de los consejeros, lo cual representa una clara violación al artículo 16 de la Constitución.
En la sentencia del juez se apunta que el procedimiento que siguieron los diputados sí vulneró los derechos del quejoso:
“En efecto es evidente que dicho acto legislativo relativo a la designación de Consejeros… involucra una “categoría sospechosa”, es decir, comprende determinados valores que afectaran derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional, y ello es así, porque en todo concurso mediante convocatoria para acceder a un cargo público, necesariamente habrá ciudadanos que deben excluirse como vencedores; por tal razón, la decisión que se haga, requiere de una motivación reforzada, consistente en que se razone la necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, habiendo ponderado específicamente las circunstancias concretas del caso, situación de la que adolece el acto impugnado.”
El juez instruyó a realizar de nueva cuenta “la designación de los Consejeros del ICHITAIP, mediante el voto razonado de cada uno de los diputados presentes a efecto de que el presidente, al momento de hacer la declaratoria de vencedores del concurso, lo haga de manera fundada y con una motivación reforzada, en específico, en caso de excluir como vencedor al quejoso”.
Leyva sostiene que “con la resolución del juez queda claro que en primer lugar los 7 nombramientos hechos por el Congreso, las dos titulares y los 5 suplentes, contravienen la Constitución; y dos, el Congreso está obligado a realizar un análisis de cada uno de los procesos realizados para llegar a esa elección que no cumplió con lo que la ley señala”, en este tenor ha dicho que al Congreso no le queda de otra que elegir tanto a Aída Amanda Cordero Chávez como a él, por ser los únicos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria y por tener las mejores calificaciones en el examen. El Congreso del Estado confirmó que repondrá el proceso; en notificación al juez, la Presidenta de la Comisión Permanente ha señalado que ello acontecerá en la próxima sesión del martes 4 de marzo. Será interesante conocer la manera en que el Congreso resolverá, pues de tomar una vía de indisciplina constitucional, el caso podría escalar la impugnación hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Más allá de su desenlace legal, la batalla de Rodolfo Leyva, que dura ya más de un año, sienta un precedente significativo ante la latente tentación de los gobiernos en turno de tratar de capturar a los órganos reguladires mediante la designación de comisionados a modo. Y ese es precisamente el reto que tiene el Senado de la República en la selección de los nuevos integrantes del IFAI: no repetir los vicios procedimentales y alejarse del fenómeno de cuotas partidistas, en cuya condena se fundamentó la reforma constitucional para darle competencia sobre las entidades federativas. Igual que como se fundamentó la creación del Instituto Nacional Electoral,
De ahí que encuentre sentido y desde mi punto de vista una aceptación plena, la propuesta que ha hecho el Colectivo por la Transparencia y la Red México Infórmate A.C. para fortalecer la calidad del procedimiento para el nombramiento de los 7 nuevos comisionados y blindarlo de los riesgos de la asignación de cuotas partidistas, para hacer más eficiente el trabajo de las comisiones dictaminadoras y permitan identificar a los mejores perfiles de una manera más ágil y sencilla.
Proponen un Comité Técnico para colaborar con las y los Senadores de la República en la etapa de evaluación de candidatos. Como acontece en los procesos de designación de la Cofeco, Ifetel e INE. El Comité Técnico participaría en las comparecencias, sugeriría preguntas y elaborará un reporte para las y los senadores integrantes de las Comisiones. Con base en la información de las comparecencias el Comité Técnico elaborará una lista de tres personas por cada puesto vacante, a partir de criterios previamente definidos por el Comité y aprobados por las Comisiones. La verdad, me parece buena idea.
P.D. El vergonzoso relevo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua realizado el viernes 28 de febrero, debe quedar registrado como el día de la abyección del Poder Judicial al Gobernador del Estado. La renuncia forzada de Vázquez Quintero y la llegada emergente de José Miguel Salcido (al margen de la biografía y la opinión sobre cada uno), constituye un signo ominoso y preocupante sobre el ya deteriorado ambiente judicial en Chihuahua. ¿Se preparan las cosas para un nuevo tribunal de amigos de César Duarte? ¿Para nuevos negocios ahora desde la infraestructura del Poder Judicial? Como en ninguna época, había visto tanta pudrición y sometimiento político.
Javier Corral Jurado Político, periodista, académico, y columnista.
Multi-galardonado por su actividad periodística. Fue Gobernador del Estado de Chihuahua de 2016 a 2021 y Senador de la República en donde formó parte de las comisiones de Educación, Gobernación y participa como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión, así como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta columna se reproduce bajo permiso de su autor.
