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    abril 20, 2024 | 7:48

    La obra social de Infonavit en la 4T

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    Este año se cumplirá medio siglo de la fundación de una de las instituciones más sólidas en México que es fruto de una iniciativa gubernamental; me refiero al Infonavit.

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    Este año se cumplirá medio siglo de la fundación de una de las instituciones más sólidas en México que es fruto de una iniciativa gubernamental; me refiero al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que desde sus inicios ha coadyuvado para cumplir con el derecho constitucional a la vivienda.

    En sus inicios, durante la década de 1970, el Infonavit superó el gran reto para establecer bases, lineamientos y marcos legales para su estructura. A la fecha, su autoridad suprema es la Asamblea General, compuesta por 45 miembros, 15 son designados por el Ejecutivo federal; 15 por las organizaciones nacionales de los trabajadores y 15 por las organizaciones nacionales patronales; las facultades principales de la Asamblea General son las de aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, las políticas de crédito, así como las reglas con las que operan los órganos del Instituto.

    Hasta antes de la fundación del Infonavit, la política para el otorgamiento de los créditos para la vivienda social era prácticamente inexistente y estaba limitada a través del Instituto de Pensiones Civiles y del Retiro (creado en 1924), la Dirección de Pensiones Militares, en mucho menor medida el Instituto Nacional de la Vivienda (1954) y el Banco de Fomento a la Habitación (1943), cuyos créditos (con un sesgo discriminatorio), estaban destinados para un sector sensible del cual había que asegurar fidelidad, me refiero desde luego a la burocracia federal, una parte importante de este sector la constituía el magisterio.

    A partir de la etapa del desarrollo estabilizador, en la cual la economía mexicana tuvo altos índices de crecimiento y de aumento en la producción nacional y los flujos migratorios de la población rural hacia las ciudades, se agudizó bajo estas circunstancias la necesidad de vivienda en los centros urbanos. Hay que reconocer que en el oscuro sexenio de Luis Echeverría, uno de sus aciertos fue desfogar la creciente demanda por la vivienda de parte de la clase obrera; con la creación del Infonavit, que en sus primeros años se encargó de construir vivienda digna, generalmente con espacios acordes para el sano desarrollo humano al interior de los hogares, esto tuvo lugar durante una época en la que también los salarios mínimos para los trabajadores eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias.

    A pesar del deterioro de los salarios y la creciente inflación a partir de la instalación del modelo económico neoliberal con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia del país, el Infonavit -con sus innegables beneficios sociales- resistió la década de 1980. Durante esos años, la construcción de vivienda y la colocación de créditos año por año se incrementó, a pesar de las crisis económicas que atosigaron a los trabajadores. La cartera vencida de los créditos otorgados era sustancialmente baja, sin embargo, la dictadura neoliberal, el manoseo y especulación al anterior sistema de pensiones, la creación del sistema de ahorro para el retiro, las afores, la intromisión de la banca comercial en el sistema de vivienda social, la creciente pauperización de los salarios y todas esas “linduras” salinistas arrinconaron a esta institución para que, además de relegar la construcción de viviendas, el Infonavit se convirtiera en un ente meramente financiero e hipotecario sujeto a los vaivenes del mercado, el “intermediarismo” y la voracidad de la industria constructora confabulada con las políticas de desarrollo urbano planeadas al antojo de los gobernantes en turno, pusieron al final de la fila la causa social de asegurar el derecho a la vivienda digna y la construcción de un patrimonio para los trabajadores, convirtiéndolos en sujetos de la especulación y no de sus derechos.

    La especulación y el agiotismo no tuvo límites, durante el gobierno de Vicente Fox hasta el Infonavit ingresó al mercado de valores, para supuestamente obtener más recursos y así poder  ampliar los créditos. Y sí, durante su sexenio la colocación de créditos fue inédita, sin embargo, el tamaño de las casas, su calidad y el sentido comunitario de los desarrollos habitacionales, financiados por dicha institución y sustentados con el esfuerzo de trabajadores y aportaciones de los empresarios, fue desastroso; las evidencias están a la vista, siendo Ciudad Juárez uno de los principales municipios referentes e históricos en las aportaciones al Infonavit, colocación de créditos y construcción de viviendas podemos comparar  sin mayor esfuerzo la obra social del Infonavit antes, durante y después del neoliberalismo; basta comparar la calidad de las viviendas del Infonavit San Lorenzo con las de Riberas del Bravo; las primeras fueron construidas dentro de un marco humano y digno, cumplimentando así el derecho a la vivienda, las otras viviendas construidas posteriormente, fueron hechas meramente en función de un esquema de ganancias monetarias para unos cuantos; obligando así a los trabajadores a adquirir deudas impagables, despojándolos además de su derecho a vivir dentro de un entorno citadino. El desarrollo urbano hecho “a modo” condenó además al resto de los juarenses a absorber el mantenimiento y otorgamiento de servicios públicos a una mancha urbana inmensa que creció para enriquecer todavía más a los latifundistas urbanos.

    Pero la cosa no paró ahí, la crisis de seguridad y la guerra calderonista, obligó a cientos de familias a abandonar sus casas, mismas que luego fueron rematadas a precios ridículos a empresas de bienes raíces, cuyas ganancias fueron enormes al revender las casas, utilizando el dinero de Infonavit y valiéndose de la necesidad de los trabajadores para adquirir una vivienda.

    Todos estos absurdos han sido paulatinamente superados durante este gobierno transformador; en primer lugar, los ingresos de los trabajadores se han incrementado sustancialmente, dejando atrás la injusta política salarial, con ello, se incrementa también la capitalización del Infonavit y el monto del crédito disponible para los trabajadores; además, se ha puesto fin a las subastas masivas amañadas para beneficiar a solo unos cuantos.

    En el Infonavit de hoy se ha diversificado la otorgación de créditos, evitando así el coyotaje y la monopolización en la venta de viviendas, así se ha logrado ampliar la oferta, lo cual en un ambiente de sana competencia, motiva a los desarrolladores de vivienda a la edificación de mejores viviendas. Esta diversificación ha permitido a que se unan los créditos de personas que no necesariamente estén casadas, también permite la compra de terrenos para la autoconstrucción, los créditos son en pesos y no en otra medición, las tasas de interés son con un claro sentido social, los pagos mensuales son fijos y no están sujetos a las variantes del mercado; se han reconocido las aportaciones del pasado a las personas que cotizaron y que nunca usaron su crédito, el Infonavit ha suspendido la recuperación de vivienda y ha recibido propuestas para que se trabaje en el diseño de un esquema para que las viviendas que fueron abandonadas y posteriormente rescatadas por familias trabajadoras sean vendidas a precio justo a quienes ahora las ocupan.

    Además, la derrama económica que genera esta institución contribuyó al reforzamiento de la economía local durante lo más álgido de la pandemia en 2020 y 2021, ya que se dispersaron cerca de veinticuatro mil millones de pesos en nuestro estado y que a diferencia del pasado se entregan directamente a los trabajadores para que compren vivienda nueva o usada, amplíen o remodelen sus casas con tasas de interés más bajas que en el resto del mercado hipotecario. También el Infonavit ha sido solidario con los deudores y los patrones al hacerles descuentos en las mensualidades hasta del 75 por ciento, además de otorgar prórrogas para quienes atravesaron serias dificultades económicas durante la pandemia.

    Esto último tendría un impacto social muy cercano al reparto agrario de Lázaro Cárdenas, ya que le dará certeza a los actuales posesionarios, mismos que pagarán el valor justo de la propiedad adquirida, de esta manera dicho instituto recuperaría dinero que en las circunstancias actuales sería imposible de obtener, las colonias que han sido afectadas en esta emergencia social recuperarán la sana y necesaria convivencia comunitaria además de favorecer el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes, debido al arraigo intrínseco que se tiene a la vivienda propia y al fortalecimiento del patrimonio familiar.

    Así es como avanza la Cuarta Transformación.

    Juan Carlos Loera SQR

    Empresario y político defensor de la cuarta transformación.


    Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.

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