Las instituciones públicas son valiosas en tanto transforman la vida de las personas, y generan valor social. Es decir, resuelven problemas, atienden necesidades y logran eficacia en la gestión de la vida pública. Por eso las instituciones se transforman acorde a la población que atienden, y también a la velocidad del cambio tecnológico. Al respecto, resulta interesante analizar cómo las organizaciones públicas realizan cambios, tanto en su funcionamiento interno como en su relación hacia el exterior.
El uso exponencial de la tecnología y la convivencia con el entorno digital –de magnitudes cada vez más importantes– es determinante en las iniciativas de cambio de las instituciones públicas. Ellas han tenido que enfrentar una transición, en algunos casos más prolongada que otros, hacia lo digital, lo que implica un esfuerzo adicional por renovar prácticas, modificar rutinas, capacitar al personal, emprender modificaciones a normatividad e invertir recursos suficientes para el aprovechamiento del entorno y la búsqueda de eficiencia en el desarrollo de los procesos y la obtención de resultados.
Para las entidades fiscalizadoras superiores en el mundo, la digitalización significa una gran oportunidad. Resulta útil para enfrentar las crisis (como en el caso de la pandemia por COVID-19), mejorar el desempeño, reducir el tiempo de auditoría y realizar análisis de grandes volúmenes de datos. La propia Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en la INTOSAI-P 12 sobre el “Valor y Beneficio de las EFS” en el Principio 5 señala la necesidad de que las EFS sean receptivas a los entornos cambiantes y riesgos emergentes.
Por eso, la era digital es una oportunidad para la creación de valor público. Su aprovechamiento está en función de la creación de equipos técnicos, inversión suficiente y adaptación de la cultura organizacional. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, como lo he comentado en textos previos, la apuesta por la tecnología y la transición digital es real y notoria, por ello hablamos de una NUEVA AUDITORIA. La implementación de proyectos como el buzón digital, el análisis de datos, entre otros HITOS, da cuenta de la comprensión del momento actual en el mundo. Lo digital-tecnológico abre posibilidades inéditas para lograr que el trabajo de fiscalización sea eficaz y se vincule con la mejora de las condiciones de vida de las personas al mejorar las intervenciones gubernamentales.
La dinámica y los proyectos digitales/tecnológicos de la ASF han devenido en buenos resultados. En consecuencia, sirve como referencia a nivel internacional y nacional. El efecto ha sido tal que se han anunciado modificaciones legislativas en otras entidades fiscalizadoras superiores del Mundo.
Al tiempo de que resulta alentador que se retomen proyectos sobre digitalización, es loable el esfuerzo por replicar los casos de buenas prácticas, en las instancias de fiscalización. Hemos presentado aquí, nuestros logros a países hermanos de América y Europa, principalmente.
Sin embargo, a pesar del entusiasmo generalizado por los proyectos tecnológicos y la apuesta por lo digital, es necesario considerar que su implementación requiere no solo de buenos deseos, sino de capacidades institucionales, buena planeación y recursos suficientes, sin excesos.
SIGNOS Y SEÑALES
Lamento el fallecimiento de FIDEL HERRERA BELTRAN, con quien compartí varias experiencias en relación a las APIS, al federalismo fiscal, a los recursos de los estados. Gran promotor de fortalecer las finanzas estatales, en tiempos de la Convención Nacional Hacendaria y como Gobernador de Veracruz, cuando incluso un día antes de terminar su gestión, presidio la CONAGO. Un abrazo fraterno a su familia, particularmente al Diputado Javier Herrera Borunda.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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