Apenas a una semana de las elecciones de este año ya tenemos resultados que ninguna impugnación cambiará.
La sociedad tiene certeza de que los votos se han contado bien y, con independencia de las quejas y amagos, los ciudadanos están seguros que no habrá poder que los modifique.
De las seis gubernaturas en disputa cuatro las ganó Morena y dos la Alianza por México, encabezada por la coalicíon PAN-PRD, donde el PRD ya es un partido fantasma que nada aporta a esta oposición conservadora.
Si el respeto a la voz de las urnas está garantizado a quién acreditar esta proteccion: ¿al INE, a los tribunales, a la oposicion, al gobierno y a Morena, o simplemente a los ciudadanos?
Una revisión de la experiencia reciente en Chihuahua nos muestra que contra lo esperado el INE no tuvo un papel relevante, tampoco los tribunales y menos los partidos de oposición.
La hechos nos indican que los órganos electorales y los tribunales, tanto a nivel local como nacional, en el pasado siempre estuvieron al servicio de los gobernadores y del Presidente en turno.
Fox el demócrata pervirtió la voluntad de los electores imponiendo a Calderón y, éste, con apoyo de las élites y la generación de gobernadores delincuentes, repitió la vocación depredadora de su antecesor, para ilegitimamente otorgarle el triunfo a Peña Nieto.
A nivel local la experiencia es semejante:
hubo un gobernador que durante su mandato hizo añicos los preceptos electorales y en dos ocasiones ordenó, primero al Instituto Estatal Electoral y
luego al Tribunal Electoral la anulación de dos procesos impecables, que no había razones para cuestionar.
Podría algarse que aquellos atropellos son parte de nuestra prehistoria, pero no es el caso; apenas el año pasado vivimos un proceso plagado irregularidades donde el poder del dinero de la oligarquía de la Ciudad de Chihuahua creó un ambiente que favoreció, como nunca, a la candidata del PAN en el Gobierno.
Pero acaso lo más notable y determinante haya sido la coacción masiva que los caciques del PRI, al frente de las alcaldías municipales, realizaron para inducir el voto a favor de la candidata panista., que sabemos estos hechos constituyen probables conductas delictivas.
A la impugnación del proceso realizada por Morena, con evidencias de financiamiento al margen de la ley, el órgano, el tribunal local y el federal, dieron un portazo y declararon legal este proceso, pleno de irregularidades.
En cuanto el Tsunami de voto campesino e indígena que fue decisivo en el resultado: lo grave es que un Instituto, que presume de experiencia y conocimiento suficiente para detectar comportamientos atípicos de las tendencias en las cuentas electorales, ni se enteró.
Hay otra evidencias de que estos órganos garantes del voto están hoy en complicidad con la oposición conservadora y por ello nada podemos abonar a su ejercicio.
En verdad, aunque la oposicion lo niegue, quienes están mostrando una conducta de respeto, intachable, a los resultados electorales, son el Presidente y Morena, que bien han percibido y atendido el mandato de las urnas.
Pero tampoco podemos despreciar la clara expresión de la voluntad de los ciudadanos, pues a nadie dejaron duda de sus preferencias
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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