En Ciudad Juárez, donde la urgencia ambiental es una realidad que se respira con cada bocanada de aire contaminado, las prioridades políticas deberían estar alineadas con las causas ciudadanas. Sin embargo, el reciente posicionamiento de la diputada Xóchitl Contreras revela una preocupante desconexión entre el discurso legislativo y las necesidades reales de los juarenses.
Contreras ha emprendido una cruzada legislativa contra el cobro del engomado ecológico, un instrumento —perfectible, sí— pero diseñado para fomentar la verificación vehicular y reducir la contaminación ambiental. En lugar de construir un debate serio sobre cómo mejorar el programa, la diputada ha optado por dinamitarlo, bajo una narrativa que parece más orientada a erosionar políticamente al gobierno municipal que a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.
Lo más alarmante no es la crítica al engomado —que ciertamente debe estar sujeta a escrutinio—, sino la superficialidad con la que se argumenta la propuesta y la notoria falta de sensibilidad ante una problemática de fondo: el daño ecológico en la zona agrícola del Valle de Juárez, agravado por aguas negras sin tratar y emisiones vehiculares descontroladas. Ante los señalamientos legítimos del líder rural Héctor Hernández García, la diputada evadió con ligereza los cuestionamientos concretos: ¿qué alternativa ofrece para mitigar la contaminación? ¿Qué exigencia concreta ha hecho a la JMAS para que deje de verter aguas contaminadas en tierras de cultivo?
En cambio, su respuesta fue defensiva, evasiva y plagada de insinuaciones políticas. Basta con leer una de sus frases: “Mi propuesta no todo es tema ecológico, también tiene que ver con el abuso que están cometiendo contra los ciudadanos”. Esta declaración, más que mostrar preocupación ambiental, deja claro que el objetivo principal de su iniciativa no es resolver una crisis ecológica, sino apuntar contra la administración municipal.
Peor aún, su desdén por el programa ambiental quedó evidenciado al afirmar que “no se vengan a burlar de los juarenses con ese pretexto”, refiriéndose a la inversión anunciada para el sistema de riego del Chamizal. Con ello, no sólo minimiza el esfuerzo institucional por mitigar el deterioro ambiental, sino que reduce el debate a una pugna política, perdiendo de vista a quienes realmente necesitan soluciones: los habitantes de la ciudad y el campo.
El detalle no menor es que este disenso se da entre militantes del mismo partido, el PAN, en pleno intento de relanzamiento y reposicionamiento en Chihuahua. Que la disputa ocurra entre actores panistas exhibe no sólo una fractura interna, sino una peligrosa incapacidad para construir consensos en temas de interés colectivo. Mientras uno defiende el medio ambiente desde una perspectiva técnica y territorial, la otra parece usar la bandera ecológica como herramienta de desgaste político.
La ciudadanía merece más que una diputada que convierte el debate ambiental en un escenario para revanchas políticas. Porque al final, lo que se está jugando no es un simple “engomado”, sino la salud pública, la viabilidad agrícola del Valle de Juárez y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
Si la diputada Xóchitl Contreras realmente aspira a servir a todos los juarenses, debería empezar por escuchar, responder con datos, y proponer soluciones. No basta con señalar al adversario. La crítica sin propuesta es ruido. Y en Juárez, ya tenemos demasiado humo como para seguirle sumando neblinas partidistas.
Sobre la iniciativa… ¿Propuesta ambiental o golpeteo político?
Más allá de las respuestas públicas y los desencuentros en redes sociales, lo verdaderamente revelador es el contenido de la iniciativa que la diputada Edna Xóchitl Contreras presentó en el Congreso del Estado. A primera vista, la propuesta se reviste de principios nobles: proporcionalidad, educación ambiental, justicia social. Sin embargo, una lectura cuidadosa muestra que, pese al ropaje ecológico, el corazón de la iniciativa está dirigido más a cuestionar al gobierno municipal de Ciudad Juárez que a construir una política ambiental efectiva.
En su exposición de motivos, Contreras insiste en que “la mejora de la calidad del aire […] requiere mecanismos de verificación ambiental efectivos, proporcionales y no recaudatorios”, estableciendo un marco normativo que, si bien es atendible, se centra más en atacar el esquema actual que en fortalecer la verificación ambiental como política pública. Este enfoque se confirma cuando la diputada denuncia que “en Ciudad Juárez […] se dé marcha atrás a las políticas recaudatorias […] y sea suspendido de manera inmediata y de forma permanente el cobro del engomado ecológico”. En lugar de proponer cómo mejorar la fiscalización o cómo ampliar los centros de verificación, la reforma busca desactivar la herramienta sin garantizar una alternativa clara para la vigilancia de emisiones contaminantes.
Puntos torales:
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Rechazo al esquema punitivo actual por considerarlo recaudatorio.
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Propuesta de multas progresivas y ajustadas a la capacidad económica del infractor.
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Destino obligatorio de ingresos a infraestructura ambiental y programas de educación.
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Obligación de los municipios de presentar planes anuales de reforestación y gasto ambiental.
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Reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y del principio de proporcionalidad de las sanciones.
El espíritu del documento no es tanto el ambientalismo técnico como la crítica administrativa. Prueba de ello es la redacción del artículo 139, que prohíbe expresamente que los ingresos por verificación “sean utilizados con fines recaudatorios” y exige a los ayuntamientos justificar cada peso gastado en camellones y parques. Una exigencia deseable en cualquier política pública, sí, pero que aparece dirigida con precisión quirúrgica hacia una administración municipal en particular.
La propuesta incluso sugiere que las multas actuales “violentan flagrantemente el Principio de Proporcionalidad” al alcanzar hasta $3,394 pesos, sin reconocer que dicho monto —que proviene del Reglamento Municipal de Juárez— es similar al que se maneja en otras ciudades fronterizas con esquemas de control ambiental. No se menciona, por ejemplo, que esa misma proporcionalidad podría ajustarse vía reglamento sin necesidad de modificar toda la ley estatal, ni que los municipios tienen autonomía reglamentaria garantizada por la Constitución.
Además, resulta significativo que la propuesta se concentre en la defensa del bolsillo del ciudadano ante una multa, pero no dedique una sola línea a proponer incentivos reales para la renovación del parque vehicular, la inversión estatal en infraestructura ambiental, o medidas contra los grandes emisores industriales. No hay un solo renglón que toque la crisis de las aguas negras en el Valle de Juárez, ni el envenenamiento de tierras de cultivo, como tampoco se sugiere un fondo estatal para apoyar la reconversión de vehículos contaminantes, salvo un escueto llamado a “promover programas” sin presupuesto ni calendario.
Esto refuerza la conclusión: la iniciativa no es una política ambiental estructural, sino una pieza legislativa con claro contenido de oposición política, que apunta a debilitar el programa local de verificación vehicular y, con ello, al gobierno que lo implementó.
La diputada afirma en el documento que su propuesta busca “transitar del enfoque punitivo hacia uno de cumplimiento ambiental progresivo”, pero omite que sin sanción efectiva no hay cumplimiento posible en sistemas donde el incentivo individual a contaminar —por costos o negligencia— es alto. Peor aún, con la redacción actual, se abre una puerta peligrosa: la posibilidad de que municipios sin voluntad ecológica usen esta ley para no aplicar ningún tipo de control real sobre emisiones contaminantes.
Contradicciones y omisiones:
Aunque el cuerpo de la iniciativa se construye sobre argumentos jurídicos sólidos y una aparente preocupación ambiental, hay elementos que debilitan esa narrativa:
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No plantea mejoras técnicas al sistema de verificación vehicular, ni aborda los retos operativos, como la evasión o la corrupción en centros de verificación.
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No menciona mecanismos para fortalecer la vigilancia ambiental real ni propone inversión estatal para ampliar cobertura o calidad del servicio.
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Focaliza su crítica en el cobro del engomado y las multas, sin ofrecer una solución estructural que contemple la integralidad del problema ambiental en Juárez (vehículos contaminantes, aguas negras, falta de plantas tratadoras, etc.).
El tono político de la exposición de motivos:
Más allá del articulado, el tono de la exposición de motivos es claramente político. Hay una carga retórica contra el gobierno municipal de Juárez que va más allá del análisis jurídico-técnico. Se habla de “pretextos”, “medidas recaudatorias”, y se repite varias veces la idea de que las sanciones se usan para “llenarse los bolsillos”, lo cual sugiere más un afán de deslegitimación política que de mejoramiento ambiental.
Además, resulta llamativo que la diputada se enfoque exclusivamente en Ciudad Juárez, cuando se trata de una ley estatal. Esta focalización territorial parecen estar dirigidos a limitar las facultades del municipio de Juárez y deslegitimar su programa de verificación, lo cual le confiere un trasfondo de golpeteo político local, disfrazado de reforma ambiental.
Y si el PAN busca relanzarse como fuerza con agenda pública seria en Chihuahua, quizá debería cuidar que su bancada no confunda legislar con confrontar, ni los derechos ambientales con las tácticas de desgaste.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
