La disputa por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua ha puesto de manifiesto las tensiones entre el poder gubernamental y la militancia panista. En el centro de la controversia aparecen la gobernadora María Eugenia Campos Galván, su secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y el exfiscal César Jáuregui Moreno.
La mandataria enfrenta cuestionamientos por su aparente intención de impulsar a De la Peña, de origen priista, por encima de los cuadros surgidos de Acción Nacional que también aspiran a gobernar la capital.
Varios de esos aspirantes han desistido de participar. Sin embargo, Jáuregui mantiene sus aspiraciones y cuenta con respaldo entre sectores de la militancia panista que reclaman una definición abierta de la candidatura.
El reclamo de las bases panistas, sin embargo, no se dirige únicamente a la gobernadora. También está dirigido al líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien les había asegurado que no habría designaciones y que se respetarían los estatutos del partido mediante procesos de elección interna.
Por ello, la eventual postulación de un candidato mediante una decisión cupular sería interpretada por buena parte de la militancia como un incumplimiento de ese compromiso. Las bases exigen que la dirigencia nacional garantice reglas claras, participación interna y respeto a los mecanismos establecidos por el propio partido.
En medio de este enfrentamiento, Maru Campos ha vuelto a colocar sobre la mesa el escándalo por la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, responsabilizando ahora directamente al exfiscal de decisiones relacionadas con aquel operativo.
Y aquí surge una pregunta que merece una explicación pública: ¿por qué la gobernadora no señaló con la misma contundencia a César Jáuregui cuando fue requerida por las autoridades federales para esclarecer los hechos?
Recordemos que fue llamada a comparecer ante el Senado y posteriormente citada por la Fiscalía General de la República. Ante esta última acudió a sus oficinas en la Ciudad de México, pero se negó a rendir la entrevista solicitada y entregó un escrito en el que invocó su investidura constitucional.
En aquel momento, cuando existía la oportunidad de aportar información para esclarecer un asunto que involucraba la soberanía nacional, la gobernadora optó por cuestionar el procedimiento y denunciar una supuesta persecución política.
¿Por qué no aprovechó entonces para exponer detalladamente las responsabilidades que ahora atribuye a su antiguo colaborador? ¿Qué información tiene hoy que no tuviera cuando la FGR investigaba los hechos? ¿Por qué estas acusaciones cobran fuerza precisamente cuando Jáuregui se resiste a abandonar sus aspiraciones políticas?
Son interrogantes legítimas que no pueden despacharse como simples diferencias partidistas.
La gobernadora sostiene que desconocía la presencia de agentes estadounidenses en el operativo. Esa afirmación también merece ser esclarecida, porque plantea dudas sobre los mecanismos de supervisión y la cadena de mando de las instituciones de seguridad estatales.
No se trata de exonerar anticipadamente a nadie. Si el exfiscal incurrió en alguna irregularidad, corresponde a las autoridades investigarla y determinar responsabilidades. Pero tampoco sería aceptable que un asunto de semejante gravedad terminara convertido en instrumento de una confrontación electoral.
El PAN enfrenta así una doble discusión: cómo seleccionará a su candidato a la alcaldía de Chihuahua y cómo responderá a las contradicciones surgidas alrededor de uno de los episodios más delicados de la administración estatal.
También enfrenta una prueba de credibilidad ante su propia militancia. Jorge Romero deberá explicar si mantiene su compromiso de evitar designaciones y respetar los estatutos del partido, o si permitirá que la candidatura se defina mediante acuerdos cupulares. Para las bases panistas, la disputa no es únicamente por un nombre, sino por el método con el que se tomarán las decisiones.
La pregunta final es inevitable: ¿estamos frente a un legítimo interés por esclarecer los hechos o ante una disputa política en la que las responsabilidades del pasado adquieren nueva relevancia por las aspiraciones del presente?
Y, en el terreno partidista, queda otra pregunta: ¿respetará la dirigencia nacional del PAN la promesa de abrir procesos internos o terminará imponiendo una candidatura desde la cúpula?
La respuesta corresponde a las autoridades, a los dirigentes y a los protagonistas. La ciudadanía y la militancia panista tienen derecho a conocerla.
Pedro Torres
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