En diciembre de 1990, durante la XXII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales celebrada en Huatulco, Oaxaca, a propuesta de quien hoy escribe y apoyado por la mayoría de las entidades federativas, como las estados con menos posibilidades de crecimiento económico debido al mecanismo de distribución de las participaciones que beneficiaba más a los estados ricos que los otros. Fue un trabajo intenso de todos los Secretarios de Finanzas, tuvimos varias reuniones, incluso con estados de otros intereses, y sin embargo logramos que la SHCP, en ese entonces a cargo de Gil Díaz, aprobasen una nueva fórmula de participaciones más equitativa y la creación de una tercera parte del Fondo General de Participaciones, que benefició a nuestros estados. Lo que no conté a detalle es un principio que me parece hoy más vigente que nunca: para repartir el Fondo de Fomento Municipal, decidimos premiar el esfuerzo recaudatorio local, considerando la recolección de los impuestos predial y de agua en cada municipio. No se trataba sólo de repartir mejor el dinero federal, sino de premiar el esfuerzo recaudatorio local.
Recordemos que la recaudación, a diferencia del gasto, rara vez es tema de sobremesa: nadie reclama por un impuesto no cobrado, pero todos reclaman por una obra no concluida. Y sin embargo, sin recaudación propia no hay margen de maniobra, ni para el municipio más pequeño ni para el país entero. Esa fue, por cierto, la misma lección que aprendimos un año después, cuando la devaluación de 1987 hundió a algunos estados que habían apostado sus recursos a las casas de bolsa, quienes depende sólo de lo que le transfieren, estando a merced de los ciclos ajenos.
Viene a tema de esta columna porque los indicadores recientes de la SHCP muestran que las participaciones cayeron en términos reales en 23 estados durante el primer semestre, arrastradas por una contracción del Impuesto Sobre la Renta, que por sí solo representa casi 48% de la Recaudación Federal Participable. El Diario Oficial había calendarizado un crecimiento de las participaciones para este año; el Presupuesto crece en el papel, pero la recaudación real que lo sostiene se queda corta.
El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026, elaborado conjuntamente por la OCDE, la CEPAL, el CIAT y el BID, confirma que México ha avanzado lento: nuestra recaudación equivale a 18.3% del PIB en 2024, 3.4 puntos por debajo del promedio regional (21.7%) y muy lejos del promedio de la OCDE (34.1%). El mismo informe documenta algo que celebro: entre 2023 y 2024, 15 de 28 países de la región aumentaron su recaudación como proporción del PIB, y en la última década lo lograron 21 de ellos; Brasil, por ejemplo, ganó 2 puntos porcentuales gracias a reformas tributarias de fondo. El propio informe advierte, además, que en América Latina el gobierno central concentra más de dos terceras partes de la recaudación total, frente a apenas 60% en los países de la OCDE: seguimos centralizando el cobro mucho más de lo que conviene.
El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026, también de la CEPAL, documenta, en estos casos, estrategias concretas para combatir el incumplimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas en cinco países de la región. Ésa es, me parece, la escala correcta de solución: no promesas de reforma integral, sino ajustes técnicos y verificables, como el que hicimos en su momento con el predial y el agua en los municipios de Oaxaca.
El denominador común de los casos exitosos es el mismo que aprendimos en Huatulco hace más de tres décadas: la recaudación mejora cuando se diseñan los incentivos correctos para que estados y municipios cobren. Si entonces pudimos premiar el esfuerzo fiscal de municipios oaxaqueños con una fórmula bien pensada y consensada, hoy el país tiene ejemplos de sobra, en su propia región, para hacerlo también a escala nacional.
David Colmenares Páramo
Ex Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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