Cuando el abandono institucional se vuelve paisaje
En muchas ciudades mexicanas, y particularmente en Ciudad Juárez, la desigualdad dejó de ser solamente un indicador económico para convertirse en una experiencia cotidiana.
Basta recorrer algunos kilómetros para encontrar dos realidades opuestas; sectores con infraestructura moderna, conectividad, parques, iluminación y acceso a servicios; y, al mismo tiempo, colonias donde el pavimento termina abruptamente, el transporte público es insuficiente, el acceso al agua es irregular y la presencia institucional prácticamente desaparece.
La tragedia no radica únicamente en la pobreza.
La verdadera crisis es la normalización del abandono.
Durante décadas, las instituciones encargadas de planear el crecimiento urbano, garantizar derechos sociales y reducir las brechas territoriales han fallado en su responsabilidad histórica.
Los datos oficiales y académicos son contundentes. Investigaciones basadas en información del INEGI y del Inventario Nacional de Vivienda demuestran que las zonas periféricas de Juárez principalmente en el norponiente, surponiente y suroriente, concentran mayores niveles de marginalidad urbana, precariedad en servicios públicos y rezago social.
El problema no surgió de la noche a la mañana.
Fue el resultado de años de crecimiento urbano desordenado, expansión inmobiliaria sin planeación integral y políticas públicas enfocadas más en la reacción política inmediata que en la construcción de ciudad.
Entre 1990 y 2015, el área urbana de Ciudad Juárez creció más de 151%, mientras que el crecimiento poblacional fue considerablemente menor.
Es decir, la ciudad se expandió territorialmente mucho más rápido de lo que podía sostener en infraestructura y servicios.
Las consecuencias están a la vista; colonias aisladas, transporte deficiente, escuelas saturadas, servicios médicos insuficientes y comunidades enteras desconectadas de oportunidades económicas y tecnológicas.
Incluso la llamada “brecha digital” refleja esta desigualdad estructural.
Estudios recientes señalan que las áreas con mayor marginalidad presentan menor acceso a internet y dispositivos tecnológicos, profundizando aún más las condiciones de exclusión social.
Pero reducir el problema únicamente al gobierno sería una explicación cómoda e incompleta.
La otra gran falla ha sido social.
La ciudadanía, en muchos casos, ha perdido la capacidad de organización colectiva para exigir cambios de fondo.
El desgaste provocado por la violencia, la precariedad laboral y la desconfianza institucional generó una cultura de resignación donde muchas personas dejaron de creer en la participación comunitaria como herramienta de transformación.
Y ahí radica uno de los mayores peligros; cuando la sociedad deja de exigir, las instituciones dejan de corregirse.
La falta de presión ciudadana permitió que numerosas decisiones urbanas se tomaran sin verdadera vigilancia pública.
Se normalizó que algunos sectores recibieran inversión constante mientras otros sobrevivían entre rezagos históricos.
Se aceptó que existieran ciudadanos de primera y de segunda dependiendo del código postal donde nacieron.
Las cifras de pobreza multidimensional retratan esta realidad.
Estudios sobre Ciudad Juárez revelan que más del 64% de la población presenta al menos una carencia social y que millones de personas enfrentan rezagos relacionados con salud, vivienda, seguridad social, alimentación y educación.
Sin embargo, detrás de cada estadística existe una historia humana; madres que recorren largas distancias para llevar a sus hijos a una clínica; jóvenes que abandonan sus estudios por falta de transporte o conectividad; familias enteras viviendo en colonias donde los gobiernos se aparecen solamente en tiempos electorales.
La desigualdad urbana no es solamente un problema económico. También es una forma de violencia estructural.
Porque cuando una ciudad distribuye de manera desigual los servicios, la seguridad, las oportunidades y la inversión pública, también distribuye de manera desigual la esperanza.
Hoy, el gran desafío no es únicamente construir calles o ampliar redes de agua potable.
El verdadero reto consiste en reconstruir la confianza social e institucional.
La ciudadanía necesita volver a creer que participar sirve; que denunciar sirve; que organizarse sirve; que exigir transparencia y rendición de cuentas puede modificar el rumbo de una ciudad.
Ninguna transformación urbana profunda ocurrirá únicamente desde los escritorios gubernamentales.
Las ciudades más sólidas del mundo son aquellas donde la sociedad civil, las universidades, los sectores empresariales y las comunidades participan activamente en las decisiones públicas.
La recuperación del tejido urbano también exige recuperar el tejido ciudadano.
Porque mientras la apatía siga siendo más fuerte que la indignación colectiva, las brechas continuarán creciendo.
Y una ciudad fragmentada socialmente termina siendo también una ciudad más insegura, más vulnerable y menos humana.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
Pero eso implica dejar de aceptar el deterioro como si fuera inevitable.
Implica entender que los derechos urbanos, movilidad, servicios básicos, espacios dignos, seguridad y acceso equitativo a oportunidades, no son privilegios para ciertas zonas de la ciudad; son derechos fundamentales de toda comunidad.
La pregunta ya no es si las instituciones fallaron.
La evidencia demuestra que sí.
La verdadera pregunta es si la sociedad está dispuesta a volver a organizarse para obligarlas a cumplir.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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