En Juárez preferimos soluciones que duren. Si se van a destinar más recursos al bacheo, debemos exigir que cada peso forme parte de una estrategia para recuperar nuestras calles. Tapar un hoyo puede resolver una urgencia; hacerlo mal y tener que regresar al mismo punto significa prolongar el problema y volver a gastar.
El 9 de noviembre, la Dirección General de Obras Públicas informó que contaba con una bolsa de 60 millones de pesos para reforzar el bacheo mediante la contratación de cuadrillas externas. Según la explicación oficial, había 20 millones en reserva y se incorporarían otros 40 millones. La dependencia señaló que estaban en proceso la licitación y la asignación de los trabajos.
La pregunta que debemos hacer es qué resultados vamos a obtener con ese dinero y cómo podremos comprobarlos después. El anuncio de una inversión merece seguimiento hasta conocer la calidad y la duración de las reparaciones.
El bacheo cumple una función necesaria para atender daños puntuales y reducir riesgos. Pero la propia autoridad municipal ha reconocido los límites de esa intervención. En un comunicado del 4 de noviembre, Obras Públicas señaló que muchas vialidades requieren repavimentación y que se preparaban fichas técnicas para proponerlas en el presupuesto del siguiente año.
Ese reconocimiento debería traducirse en un programa público con prioridades, fechas y recursos identificados. Si una calle necesita una intervención mayor, la ciudadanía debe conocer el diagnóstico, la medida provisional que se aplicará y el plazo previsto para rehabilitarla. Así podremos distinguir entre una atención de emergencia y una solución de largo plazo.
También hay que atender lo que ocurre debajo del pavimento. El Gobierno Municipal reconoció el 3 de noviembre que, en zonas con fugas de aguas residuales o daños en el drenaje, es necesario resolver primero esos problemas para dar mayor durabilidad a las reparaciones.
Por eso necesitamos coordinación efectiva entre el Municipio y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Para cada tramo afectado debería existir una secuencia de trabajo acordada, con responsables y fechas: atender el problema del agua, verificar las condiciones de la vialidad y ejecutar la reparación que corresponda. El vecino debe poder saber cuándo volverá a circular con seguridad.
La calidad también tiene que poder revisarse. Propongo que cada intervención cuente con un registro público que identifique la ubicación, el costo, la empresa o cuadrilla responsable y la garantía aplicable. Ese expediente debería incluir evidencia de la supervisión y permitir consultar si el tramo volvió a presentar daños. Cuando exista una falla atribuible a la ejecución, debe exigirse la corrección conforme al contrato.
Con esa información podríamos evaluar algo más útil que el número de baches tapados: cuánto tiempo permanece en buenas condiciones cada reparación. Una obra que falla pronto merece una revisión que explique la causa y determine responsabilidades. Ese seguimiento debe acompañar al presupuesto desde su contratación.
Para el próximo ejercicio presupuestal, la prioridad debería ser una programación de varios años que combine mantenimiento preventivo con rehabilitación de los tramos que lo requieran. Cada proyecto debe justificar la solución elegida y considerar su costo de conservación. Una intervención inicialmente más costosa puede ser una mejor decisión si el diagnóstico y la comparación de alternativas respaldan su durabilidad.
Apoyar que se atiendan los baches también significa exigir que se atiendan bien. Los recursos anunciados deben servir para reducir el deterioro de nuestras calles y avanzar hacia una recuperación sostenida. Los juarenses merecemos conocer qué se hará con el dinero público y tener la certeza de que habrá supervisión después de la obra. Queremos poder transitar por una calle reparada sin preguntarnos cuánto falta para que vuelva a abrirse el mismo hoyo.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de adiario.mx para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
