La renuncia de Ulises Lara vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en México seguimos reaccionando a las crisis, en lugar de corregir las causas estructurales que las generan. Más allá de las razones de su salida, que hasta ahora permanecen envueltas en versiones encontradas entre la explicación oficial y diversos trascendidos, lo verdaderamente importante es preguntarnos si el Estado mexicano cuenta hoy con las herramientas jurídicas e institucionales para enfrentar la violencia que vive el país.
Mi respuesta es no.
Durante décadas se diseñó un sistema en el que la investigación y persecución de los homicidios quedó, en términos generales, en manos de las fiscalías estatales, al tratarse de un delito del fuero común. Ese modelo pudo haber tenido sentido cuando la delincuencia era predominantemente local. Hoy ya no.
Las organizaciones criminales operan simultáneamente en diversos estados, utilizan armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuentan con enormes recursos económicos, redes internacionales y una capacidad de corrupción que, en muchos casos, supera la capacidad de respuesta de las instituciones locales. Sin embargo, el delito que mejor refleja su poder sigue siendo investigado, en la mayoría de los casos, como si se tratara de un problema exclusivamente estatal.
Existe una contradicción evidente. México creó una Guardia Nacional con presencia nacional, capacidades operativas y recursos federales, pero el delito que más lastima a la sociedad continúa dependiendo principalmente de instituciones que presentan enormes diferencias de capacidad, presupuesto, profesionalización e independencia.
Hace algunos años propuse una reforma en ese sentido. En ningún momento planteé la federalización indiscriminada de todos los homicidios, pues ello no solo sería impráctico, sino que inevitablemente conduciría al colapso operativo de la Fiscalía General de la República. Mi propuesta fue deliberadamente acotada y técnicamente sustentada: que la Federación asumiera competencia en aquellos homicidios respecto de los cuales existieran elementos objetivos que acreditaran la intervención de la delincuencia organizada o el uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En tales supuestos, resulta jurídicamente insostenible calificarlos como delitos de naturaleza estrictamente local, ya que se trata de manifestaciones criminales que rebasan el ámbito territorial de una entidad federativa y afectan directamente la seguridad nacional.
Este mismo criterio debe aplicarse, sin ambigüedades, cuando existan indicios razonables de participación coordinada de grupos criminales con operación en diversas entidades del país, o cuando concurran elementos que permitan presumir la colusión de autoridades locales.
Carece de toda lógica jurídica y operativa que organizaciones criminales de alcance nacional sean investigadas mediante expedientes fragmentados por fiscalías estatales que, en numerosos casos, no cuentan con los recursos, la especialización técnica ni la independencia institucional indispensables para enfrentarlas eficazmente.
Algo semejante debería discutirse respecto de las desapariciones de personas. Aunque existe una legislación general y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la dimensión de la tragedia obliga a preguntarnos si el modelo actual realmente está dando resultados. No basta con crear registros, protocolos o comisiones; lo indispensable es garantizar investigaciones eficaces y coordinadas.
La experiencia internacional demuestra que este tipo de esquemas funcionan. En Estados Unidos, un homicidio común sigue siendo competencia estatal, pero cuando existen elementos de delincuencia organizada, terrorismo, delitos interestatales o violaciones a derechos civiles, intervienen las autoridades federales. México podría evolucionar hacia un modelo semejante, preservando las facultades de los estados para los homicidios ordinarios y reservando a la Federación aquellos casos que, por su naturaleza, comprometen la seguridad nacional.
No se trata de centralizar el poder ni de debilitar el federalismo. Se trata de reconocer que hay fenómenos criminales que hace muchos años dejaron de ser locales. Cuando una organización criminal opera simultáneamente en cinco, diez o más entidades federativas, seguir investigando cada asesinato como un expediente aislado constituye una ventaja para los delincuentes y una enorme desventaja para el Estado mexicano.
La renuncia de Ulises Lara, cualquiera que haya sido su verdadera causa, debería servir para abrir un debate serio sobre la eficacia de nuestras instituciones de procuración de justicia. Las personas pasan; los problemas permanecen. Lo verdaderamente importante no es quién ocupa un cargo, sino si el Estado cuenta con las herramientas legales para enfrentar a las organizaciones criminales que hoy desafían su autoridad.
México ya dio un paso importante al crear una fuerza nacional de seguridad. Quizá ha llegado el momento de dar el siguiente: adecuar nuestro marco constitucional para que los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, el uso de armamento de guerra o las estructuras criminales de alcance nacional sean, sin lugar a dudas, materia de competencia federal. Si no corregimos el diseño institucional, seguiremos cambiando funcionarios sin modificar los resultados.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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