El próximo domingo termina el mundial de futbol. Hasta ahora, conocemos a un finalista, España.
De entre Argentina e Inglaterra, (estricto orden alfabético), saldrá el otro y de ahí el campeón. Y, hasta dentro de cuatro años el siguiente. Todo regresará a la normalidad.
Las cuestiones políticas, económicas, el T-MEC, Trump y su guerra vs el narco terror en el mundo, en particular con México, la guerra en oriente medio, el hasta ahora fallido intento del registro de los teléfonos celulares de todos nosotros, etc.
A propósito de esto último; ¿por qué lo fallido de la operación?
Hay una razón por la que muchos mexicanos observan con desconfianza cualquier intento gubernamental de recopilar más datos personales. No es paranoia. Tampoco es ignorancia tecnológica. Es memoria.
México ya ha vivido experiencias donde la información personal entregada con fines legítimos terminó expuesta, mal administrada o utilizada de formas que nunca fueron explicadas a los ciudadanos.
Por eso el debate sobre el registro obligatorio de líneas celulares no puede reducirse a una sola pregunta: “¿tiene algo que ocultar?”. La pregunta correcta es otra:
¿Puede el gobierno garantizar la protección de los datos que está solicitando?
Hasta ahora, la respuesta genera dudas razonables.
Actualmente existe un amparo promovido contra las disposiciones relacionadas con el registro de usuarios de telefonía móvil. Sin embargo, es importante aclarar algo: el requisito no ha sido derogado. La discusión jurídica continúa, pero el proyecto sigue avanzando y mantiene preocupaciones sobre privacidad, protección de datos y vigilancia gubernamental.
La desconfianza tampoco surge de la nada.
Esta semana, el lunes 13, se conoció que la Federación Mexicana de Futbol fue sancionada con más de 42 millones de pesos por incumplimientos relacionados con el tratamiento de datos personales durante la implementación del sistema Fan ID. La autoridad determinó que la FMF recabó fotografías de aficionados para generar identificaciones digitales sin informar adecuadamente que se trataba de datos sensibles y sin obtener el consentimiento expreso requerido por la ley.
Es decir, una organización con recursos económicos, asesores jurídicos y capacidad tecnológica terminó siendo sancionada por no cumplir correctamente con obligaciones básicas de protección de datos.
Si eso ocurrió con el Fan ID, muchos ciudadanos se preguntan qué podría ocurrir con bases de datos muchísimo más grandes y sensibles.
Y existen antecedentes todavía más preocupantes.
En 2022 se confirmó la filtración masiva de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida como “Guacamaya Leaks”, donde millones de correos electrónicos y documentos internos quedaron expuestos. Entre ellos aparecieron datos personales de funcionarios, militares y ciudadanos relacionados con diversas investigaciones.
También existen antecedentes de bases de datos gubernamentales comercializadas ilegalmente. Durante años, información proveniente de padrones electorales, registros telefónicos y bases de datos de distintas dependencias apareció a la venta en mercados informales y plataformas digitales. Fue precisamente uno de los argumentos que llevó a la cancelación del antiguo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), que terminó convertido en una enorme base de datos vulnerable y poco confiable.
Por eso el problema no es únicamente tecnológico.
El problema es institucional.
El gobierno argumenta que la identificación de usuarios puede ayudar a combatir delitos como extorsión, fraude telefónico o secuestro. Esa es una finalidad legítima. Pero la confianza pública depende de algo más: demostrar que la información estará protegida y que no será utilizada para fines distintos a los originalmente prometidos.
Porque una vez entregados los datos, el ciudadano pierde el control sobre ellos.
Y la historia reciente de México muestra que ni gobiernos, ni empresas privadas, ni organizaciones deportivas tienen un expediente impecable cuando se trata de custodiar información personal.
Por eso muchos mexicanos no observan el registro de celulares como una medida administrativa más.
Lo observan como una solicitud de confianza. Y la confianza, como cualquier otra cosa valiosa, no se exige. Se gana. Ahí está El Meollo del Asunto.
Daniel Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
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