Las formas en que los Estados enfrentan los retos de la sociedad pasaron de ser vistos como un tema unilateral de los aparatos políticos y burocráticos, a reconocerse como un tema multilateral, de ciudadanía y Gobierno, y de cooperación entre distintas entidades, aunque todas ellas formen parte del Estado en sentido amplio. En parte ha sido una respuesta a los tiempos de globalización y a los nuevos desafíos que enfrentan los Estados Nacionales, donde los problemas transgreden fronteras y forman redes, pero también tiene una implicación enteramente positiva, que advierte mayor alcance y eficacia de la acción pública cuando es colaborativa. Esto nos lleva a la gobernanza como brújula estructural de la actividad gubernamental.
Los temas urgentes de la agenda pública global que hoy enfrentan los Estados son también más amplios que en décadas previas, porque impactan en múltiples esferas de la vida pública. Retos como la migración, el cambio climático, la delincuencia transnacional y la desigualdad, entre otros, requieren esfuerzos articulados y voluntad política de múltiples instancias. Todos estos problemas siguen siendo locales en una dimensión, pero pasan a convertirse en temas que son globales; por tal motivo es importante sumar los conocimientos y esfuerzos de expertos y de la sociedad, junto al gobierno para generar estrategias para enfrentar los problemas y resolverlos de la mejor manera posible. Así esa idea de instituciones verticales ha dado el paso a instituciones horizontales y con mayor comunicación con lo social.
Aceptar que el Estado necesita de los ciudadanos es un signo de fortaleza; temas como la salud pública, la seguridad, o la reacción frente a una catástrofe natural, requieren de todas las capacidades del Estado, del compromiso de los servidores públicos y de la colaboración de las comunidades. Todos estos problemas que enfrentan los Estados requieren de recursos públicos, los cuales son siempre limitados, y por tal motivo su optimización requiere de una adecuada fiscalización superior en todos sus componentes. Por ejemplo, las auditorías desempeño son importantes, ya que evalúan si las políticas públicas implementadas están cumpliendo con su objetivo fundamental o si es necesario un ajuste para dar mejores resultados.
Comunicar nuestro trabajo y los resultados de este, parte de la cultura democrática en la Administración Pública, dentro de la cual, el de las tecnologías de información y comunicación, es invaluable. En este sentido, la ASF ha puesto al alcance de todas las personas los resultados de las auditorías que realiza a la Cuenta Pública por medio de la App Ciudadana ASF. La tecnología también ha permitido incrementar el universo de fiscalización en nuestros trabajos de auditoría y, en algunos casos, realizar auditorías en tiempo real. Es importante señalar que los trabajos de auditoría de la Cuenta Pública 2022 mostraron un incremento notable en la fiscalización a los municipios, y en algunos estados, como Nuevo León, se cubrió el 100 por ciento.
Los resultados positivos de la ASF son también parte de la rendición de cuentas del órgano superior de fiscalización de México, y también es nuestro deber transmitirlos de manera clara y comprensible. Por ejemplo, el conocer que por cada peso que recibió la Auditoría Superior de la Federación como parte de su presupuesto, recuperó 1.22 pesos a través de los trabajos de fiscalización realizados a la Cuenta Pública 2022.
Se ha incrementado años con años, el número de entes, dependencias federales, estados, municipios y Organismos Autónomos, etcétera. Detrás de la labor técnica de las áreas especializadas, hay un trabajo permanente de capacitación del personal auditor, experiencias compartidas y colaboración de los propios entes auditados, es decir, un paradigma compartido de gobernanza dirigida a resultados.
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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