Diez gobernadores de oposición a la 4T, encabezados por Javier Corral Jurado, de Chihuahua, amenazan con romper el pacto federal.

Un ultimátum para el presidente Andrés Manuel López Obrador, retumba en los medios, pero con sonido a cajas destempladas.

Exigen supuesta apertura a un diálogo para construir acuerdos… «o comenzaremos la batalla jurídica por un trato justo y respetuoso». Palabras de Javier Corral.

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Suena a pretexto para iniciar una confrontación.

Queremos ser escuchados por el Presidente, no descalificados: arremete Corral.

“El Presidente no escucha, el Presidente habla, emite su palabra y esa es la definitiva y pretende que sea la única. Y en ese tenor también está esta descalificación, que yo digo, es una restauración de un régimen autoritario”. Añade.

Y le da por ahí, pues en otro comunicado, parece que el tema de un «presupuesto más justo», no es lo que les mueve, sino que…« los gobernadores de la Alianza Federalista llamaron a un movimiento nacional reformador y de reflexión, enfocado a generar una plena conciencia del proceso de restauración autoritaria que promueve el Gobierno Federal.»

Y luego se vuelve a poner la capucha del adalid… «Queremos ser escuchados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un diálogo franco, directo y abierto, en lugar de ser descalificados mediáticamente por exigir un presupuesto más justo para nuestras entidades, dijo el gobernador».

Antes de argumentar su dicho inicial, califica sin necesidad, al presidente como sordo, cerrado, autoritario y exento de franqueza.

Pero veamos la descobijada de la semana.

La Unidad de datos de Sinembargo, arroja información que les tapa la boca a cada uno de los gobernadores.

De los otros nueve no me ocupo. Nos interesa Chihuahua.

Manuel López Obrador habló sobre el tema y aseguró que en definitiva no hay deuda con esas entidades: “que no vayan a andar diciendo que es que no les entregamos recursos. No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren, de lo que les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”

CHIHUAHUA
Información de Sinembargo.

En 2018, el gasto federalizado del Gobierno de Chihuahua en materia de educación presentó varias irregularidades. Entre ellas están 949.4 millones de pesos en probables daños al erario público relacionados con incumplimientos de ley y deficiencias de transparencia y rendición de cuentas.

Las anomalías detectadas por la ASF incluyen pagos y prestaciones de nómina no acreditados por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, recursos no ejercidos ni comprometidos del programa de Escuelas de Tiempo Completo que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por parte de la Secretaría de Educación y Deporte, además de 7 mil 486 pagos del Gobierno central a 406 trabajadores no encontrados, que estaban en periodo de licencia sin goce de sueldo, dados de baja, en cargos de elección popular, difuntos, o efectuando tareas ajenas a servicios de educación pública.

Además de las deficiencias en materia de educación e infraestructura, en 2018 también hubo presuntos daños por 127.5 millones de pesos relacionados con fondos de salud pública, por gastos fuera de contrato, no comprobados o justificados, así como por subejercicio injustificado de recursos y salarios pagados a trabajadores con licencia sin goce de sueldo.

Otro ejemplo de los malos manejos del gasto federalizado durante 2018 fue el uso de las participaciones federales del estado de Chihuahua que, de acuerdo con la ASF, generó más de 7 mil millones de pesos en irregularidades por falta de controles en el ejercicio de recursos públicos e inobservancia de leyes y protocolos de gasto. Por ello, la ASF determinó que el Gobierno de Chihuahua no hizo un uso eficiente y transparente de las participaciones, sobre todo “por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido […] a cargo de 18 ejecutores”.

Para remachar, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que iniciará una discusión técnica del pacto fiscal con las autoridades de los estados.

Esto, es apertura al diálogo que exigen los rebeldes anti federalismo.

De igual manera, el secretario de Hacienda, les recordó que el actual acuerdo fiscal proviene de la reforma de 2007 impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón.

Ante los reclamos de los gobernadores de oposición reunidos en la Alianza Federalista para tener más recursos, el titular de Hacienda señaló que el pacto fiscal vigente no fue diseñado por el actual gobierno federal, sino por uno emanado del PAN. Concretamente con Felipe Calderón.

Tómala

Raul Ruiz
Raúl Ruiz
Abogado, amante de las letras y analista político | + posts

Abogado. Analista Político. Amante de las letras.

CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales.

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