Cada vez que la inseguridad ocupa los titulares, el debate público gira en torno a las policías, las Fuerzas Armadas o los jueces. Se anuncian más patrullas, más tecnología, más operativos y nuevas leyes. Sin embargo, pocas veces se pone el reflector sobre la institución que determina, desde el primer momento, si un delito terminará con una sentencia o con un expediente olvidado: el Ministerio Público. En realidad, es ahí donde se encuentra el principal cuello de botella del sistema de justicia, el punto crítico que define si habrá o no consecuencias para el delito.
Una investigación penal vale lo que vale la carpeta de investigación que la sustenta. Si ésta se integra de manera deficiente, si las pruebas se recaban tarde, si las entrevistas están mal realizadas o si la coordinación con policías y peritos falla, el resultado suele ser el mismo: impunidad. No importa cuántos elementos participen en un operativo ni cuántas detenciones se anuncien; un caso mal construido difícilmente llegará a una condena.
Durante años se ha responsabilizado a las policías de prácticamente todos los males del sistema de seguridad. Sin duda, existen enormes áreas de oportunidad en su profesionalización, equipamiento y condiciones laborales. Pero también es cierto que miles de horas de trabajo policial pueden perderse cuando una investigación no se conduce con el rigor técnico y jurídico que exige el sistema penal.
El Ministerio Público debería ser el director de la investigación criminal. Tendría que coordinar con eficacia a policías de investigación, peritos y especialistas, construir casos sólidos y garantizar que los derechos de víctimas e imputados se respeten por igual. Cuando esa conducción falla, no sólo pierde un expediente; pierde credibilidad todo el sistema de justicia.
Las víctimas también pagan un precio muy alto. Muchas llegan con la esperanza de encontrar justicia y terminan enfrentando trámites interminables, falta de información, solicitudes repetidas de documentos y una sensación de abandono que, en no pocos casos, las lleva a desistir de denunciar. La llamada “cifra negra” no sólo refleja delitos que no se denuncian por miedo al crimen, sino también por desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigarlos.
Resulta indispensable replantear los incentivos bajo los que opera el Ministerio Público. No basta con medir el número de carpetas iniciadas o concluidas. La evaluación debe considerar la calidad de las investigaciones, el sustento probatorio, la judicialización de los casos, las sentencias obtenidas y, sobre todo, la confianza que las víctimas depositan en la institución.
La transformación de la procuración de justicia exige una verdadera carrera ministerial, capacitación permanente, especialización por tipo de delito, herramientas tecnológicas modernas y mecanismos eficaces de supervisión y responsabilidad. Quien investiga con profesionalismo debe ser reconocido; quien actúa con negligencia o incumple sus obligaciones debe enfrentar consecuencias. Sin rendición de cuentas no habrá mejora institucional.
México no resolverá su crisis de seguridad únicamente con más patrullas, más armas o más operativos. La seguridad comienza cuando existe la certeza de que quien comete un delito será investigado con profesionalismo y llevado ante la justicia con pruebas suficientes. Mientras el Ministerio Público continúe siendo el eslabón más frágil de la cadena, la impunidad seguirá alimentando la violencia.
El país necesita policías mejor preparadas, jueces independientes y leyes eficaces. Pero, sobre todo, necesita un Ministerio Público capaz de investigar con excelencia técnica, objetividad y sentido de justicia. Es momento de que las autoridades impulsen reformas concretas: establecer evaluaciones públicas de desempeño, garantizar autonomía real, invertir en capacitación especializada y crear mecanismos efectivos de sanción para la negligencia. La sociedad, por su parte, debe exigir transparencia, denunciar malas prácticas y participar activamente en la vigilancia de estas instituciones. Sin acciones decididas y coordinadas, la transformación seguirá siendo una promesa incumplida.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
