En los últimos días hemos sido testigos de un linchamiento mediático y político en contra del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras un incidente ocurrido en la sala VIP de American Express en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que comenzó como una agresión personal, fue resuelto de manera legal y civilizada entre las partes, pero ha terminado convertido en una campaña de desprestigio profundamente desproporcionada, impulsada tanto desde medios de comunicación como por figuras del PRI y del PAN.
El hecho es claro: Carlos Velázquez de León agredió y confrontó a Fernández Noroña, quien optó por acudir a las instancias legales correspondientes. En lugar de escalar el conflicto o buscar revancha, el senador accedió a una salida conciliatoria conforme a derecho. Ambas partes —agresor y agredido— acordaron los términos del acuerdo y lo formalizaron en el marco de la ley. Es decir, se trató de un ejercicio ejemplar de civilidad y legalidad.
Sin embargo, lo que ha seguido es una distorsión malintencionada de los hechos. Se acusa a Fernández Noroña de “humillar” a su agresor por supuestamente obligarlo a pedir perdón en video, y peor aún, por haber difundido dicho acto a través de los canales oficiales del Senado. Se ignora deliberadamente que la grabación del perdón y su difusión fueron parte del acuerdo voluntario entre ambas partes, y que no hubo coerción ni abuso de poder alguno.
Uno de los casos más lamentables de oportunismo político lo protagonizó el diputado local panista Jorge Carlos Soto Prieto, quien intentó sacar raja política del caso promoviendo el odio desde la tribuna y en redes sociales, basando sus declaraciones en una distorsión evidente de los hechos. Con declaraciones grandilocuentes y exageradas, presentó el acuerdo como si se tratara de un acto autoritario y humillante, ignorando por completo el contexto legal del mismo. Lejos de aportar a la discusión pública, su intervención contribuyó a sembrar más polarización y desinformación, evidenciando un uso frívolo y oportunista del cargo que ostenta.
Es preocupante observar cómo sectores políticos opositores y algunos medios han aprovechado este episodio para construir una narrativa basada en medias verdades y falsedades completas. Es la desinformación elevada a estrategia de desgaste, con tal de dañar a una figura incómoda, polémica, pero legítimamente electa y con funciones institucionales claras.
No se trata de defender a Fernández Noroña por afinidad política. Se trata de defender la verdad, el debido proceso y el derecho a resolver conflictos por la vía legal sin ser difamado por ello. Cuando resolver pacíficamente una agresión se convierte en motivo de escarnio, deberíamos preguntarnos qué clase de política y de periodismo estamos cultivando.
Vivimos tiempos en que la viralidad puede destruir reputaciones sin sustento, y en que el juicio público suplanta al Estado de derecho. Por eso, es necesario alzar la voz frente a este linchamiento injusto, que no sólo busca destruir a un personaje, sino también sembrar el mensaje de que incluso la legalidad puede ser castigada si no conviene a los intereses de quienes se sienten dueños del relato público.
Pedro Torres
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
