La lucha por la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres es una constante. En nuestro estado, se ha desatado un conflicto legal que pone en el centro de atención la violencia política en razón de género. La diputada Adriana Terrazas, presidenta del Congreso del Estado, ha interpuesto una denuncia contra sus compañeros legisladores del Grupo Parlamentario de MORENA, al cual ella pertenece.
La denuncia de la diputada Terrazas se basa en actos de violencia política por razón de género (VPRG) por parte de sus colegas. Ha sido víctima de agresiones verbales y conductas que atentan contra su dignidad como mujer y como representante popular. Estos hechos, de ser comprobados, podrían tener consecuencias significativas para los acusados.
En una conferencia de prensa, los legisladores de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, Leticia Ortega, Benjamín Carrera y Cuauhtémoc Estrada, denunciaron una serie de irregularidades en la denuncia interpuesta por Terrazas. Entre las principales observaciones se encuentran:
1. Fecha de Notificación: Se detectó una irregularidad en el documento notificador entregado a la diputada Terrazas. Aunque el sello indicaba que fue entregado el 19 de diciembre, se afirmó que fue claramente adulterado para que pareciera entregado el 20 de diciembre. Esta argucia legal permitió que la diputada diera su consentimiento para iniciar el proceso legal en su contra el 23 de diciembre.
2. Pruebas No Admitidas: Durante el proceso legal, a los denunciados no se les permitió presentar alrededor de 30 pruebas para su defensa. Esta restricción afecta la posibilidad de un juicio justo y equitativo.
3. Intervención Externa: Los denunciados consideran que los actos en su contra son una “clara intervención por parte de los encargados del Palacio de Gobierno” y ven estas acciones como un ataque directo al Grupo Parlamentario.
La gobernadora ha sido señalada por su presunta intervención en el proceso legal relacionado con la denuncia de violencia política de género. Algunos argumentan que su influencia podría haber afectado la imparcialidad del caso; sin embargo, no hay pruebas que demuestren su intervención en el caso. Afirman que la denuncia de Terrazas es parte de una estrategia política para debilitar al Grupo Parlamentario de Morena y que la gobernadora no tiene responsabilidad directa en los actos de violencia política de género denunciados.
Los morenistas, como siempre, lanzan la piedra y esconden la mano, critican a otros mientras ocultan sus propias acciones o responsabilidades. Ahora sí se están manifestando, cuando a lo largo de su función legislativa dejaron pasar temas de total relevancia para el estado, lo que evidencia la hipocresía o la falta de congruencia en el comportamiento del grupo parlamentario.
Si las autoridades electorales fallan a favor de Terrazas, los acusados podrían ser considerados como agresores y se les impediría reelegirse en futuros cargos de elección popular. Este es el mayor enojo, pues dejarían sin posibilidad de reelección a algunos que ni siquiera la merecen, ya que jamás volvieron a pisar el distrito que los convirtió en legisladores. La denuncia busca darle ventaja procesal a la diputada y evidenciar la gravedad de la violencia política de género en el ámbito legislativo.
La denuncia de violencia política de género plantea preguntas sobre la integridad y la imparcialidad de los legisladores de Morena. Si bien es importante que se investigue y se llegue a la verdad, también es fundamental que todos los actores políticos sean transparentes y coherentes en sus acciones y declaraciones. Sin duda, aplaudo el proceder de la diputada Terrazas; las mujeres no podemos callar ante las faltas de respeto, los ataques y las persecuciones políticas.
El caso de Adriana Terrazas en Chihuahua pone de manifiesto la necesidad de erradicar la violencia política de género y garantizar un proceso legal justo para todas las partes involucradas. La lucha
por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres sigue siendo un desafío constante, y este caso es un recordatorio de que aún hay mucho por hacer.
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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