El próximo 1 de junio, México vivirá un hecho inédito, por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces y magistrados. Sobre el papel, este proceso busca democratizar el acceso a la justicia y fortalecer la independencia judicial. Sin embargo, la realidad presenta serias dificultades que ponen en riesgo su efectividad y, peor aún, podrían comprometer la imparcialidad del sistema.
Uno de los problemas más evidentes es el elevado número de candidatos. Con cientos de aspirantes en la contienda, el ciudadano promedio difícilmente podrá evaluar con profundidad la trayectoria, experiencia y propuestas de cada uno. A diferencia de otros cargos de elección popular, donde las campañas suelen estar respaldadas por partidos políticos y estrategias bien estructuradas, en este caso los candidatos enfrentan un escenario inusual. No solo deben demostrar su capacidad jurídica, sino también aprender a hacer campaña y buscar el voto, algo para lo que la mayoría no está preparada.
Esto nos lleva a otro punto crucial, la falta de información clara para los votantes. La elección de jueces y magistrados es un tema técnico y especializado. La ciudadanía no cuenta con las herramientas necesarias para evaluar adecuadamente a los aspirantes, y hasta ahora, no ha habido una estrategia institucional robusta para garantizar que los electores comprendan la relevancia de su decisión y los criterios que deberían considerar al votar. En este vacío informativo, los mensajes simplistas y la popularidad podrían pesar más que el verdadero conocimiento del derecho y la capacidad para impartir justicia.
A esto se suma una preocupación aún más grave: la ventaja que ciertos candidatos podrían tener al recibir apoyo de partidos políticos, aunque el proceso se presuma independiente. No es un secreto que algunos aspirantes han tejido alianzas en lo obscurito con grupos políticos que les ayudarán a movilizar el voto en las colonias, replicando las prácticas de campañas tradicionales. Esto no solo genera una competencia desigual entre los candidatos, sino que plantea un peligro real para la imparcialidad judicial. Si un juez llega al cargo gracias a la estructura de un partido, ¿cómo garantizar que sus resoluciones futuras no estén influenciadas por compromisos políticos?
En un sistema de justicia donde la imparcialidad debería ser el pilar fundamental, este escenario es alarmante. La posibilidad de que jueces y magistrados lleguen con “deudas políticas” pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial y, en consecuencia, la garantía de justicia real para los ciudadanos.
La elección del 1 de junio representa un reto mayúsculo. La falta de preparación de los candidatos en términos electorales, el desconocimiento ciudadano sobre cómo elegirlos y la injerencia de intereses políticos podrían convertir esta reforma en un experimento fallido. Sin una estrategia clara para informar a la población y sin mecanismos que garanticen la independencia real de los jueces electos, corremos el riesgo de que, lejos de fortalecer la justicia, esta elección termine debilitándola.
En fin, soy solo una ciudadana de a pie, pero una que observa, cuestiona y exige. Porque el poder sin vigilancia se convierte en abuso, y la justicia sin independencia deja de ser justicia.
Nos vemos el 1 de junio.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
