A primera vista, la respuesta parecería obvia: sí. En una democracia, todas las personas deben ser iguales ante la ley y ninguna debería recibir un trato distinto por su origen, condición económica, género, edad o lugar de residencia, pero cuando hablamos de gobierno y de políticas públicas, la respuesta es un poco más compleja. Porque tratar igual a quienes viven situaciones profundamente desiguales no siempre produce igualdad. A veces, incluso, puede profundizar las diferencias que ya existen. Aquí conviene distinguir dos conceptos: igualdad formal e igualdad sustantiva.
La igualdad formal es indispensable. Significa que las mismas normas deben aplicarse a todas las personas y que el Estado no puede conceder privilegios arbitrarios ni establecer discriminaciones injustificadas. Es uno de los principios básicos del Estado de derecho. Sin embargo, la realidad social rara vez parte de condiciones idénticas, uno de los ejemplos más claros lo vivimos durante la pandemia. Cuando las escuelas cerraron y las clases tuvieron que trasladarse a internet, en principio todos los estudiantes recibieron el mismo trato: estudiar desde casa y conectarse a clases en línea.
La medida era general. La regla era la misma para todos, pero las condiciones no lo eran, porque mientras algunos estudiantes tenían computadora propia, conexión estable a internet, un espacio adecuado para estudiar e incluso apoyo de sus padres, otros tenían que compartir un solo teléfono entre varios miembros de la familia, depender de datos móviles o buscar una señal de internet disponible. En muchos hogares, simplemente no había computadora. En otros, ni siquiera existía una conexión suficiente para seguir una clase completa.
Entonces quedó en evidencia algo importante: dar a todos exactamente la misma instrucción no significa necesariamente darles las mismas oportunidades. Formalmente, todos tenían acceso a la educación. En la práctica, algunos podían continuar sus estudios en condiciones relativamente favorables y otros enfrentaban obstáculos enormes para ejercer ese mismo derecho. Ese episodio debería habernos dejado una lección importante para la administración pública: las políticas públicas no pueden diseñarse suponiendo que todas las personas parten del mismo lugar.
Lo mismo ocurre en muchos otros ámbitos. No enfrenta las mismas dificultades una persona que vive a diez minutos de un hospital que otra que debe trasladarse varias horas para recibir atención médica. Tampoco tiene las mismas condiciones de movilidad una persona joven que una persona con discapacidad o un adulto mayor. Aplicar exactamente la misma política a todos puede parecer neutral, pero sus efectos pueden ser profundamente diferentes. Por eso una buena administración pública no debe limitarse a preguntarse si está tratando a todos de la misma manera. También debe preguntarse si sus decisiones permiten que las personas puedan acceder efectivamente a los mismos derechos y oportunidades.
Esto no significa repartir beneficios indiscriminadamente ni crear privilegios. Significa reconocer que existen circunstancias distintas y diseñar respuestas públicas proporcionales a esas diferencias. Una rampa para personas con discapacidad no constituye un privilegio frente a quienes pueden utilizar las escaleras. Una beca para estudiantes en condiciones económicas desfavorables tampoco pretende colocar a unos por encima de otros. En ambos casos, lo que se busca es disminuir una barrera que impide participar en condiciones razonablemente equivalentes.
Ahí aparece la llamada igualdad sustantiva: no basta con que el derecho exista en el papel; importa que pueda ejercerse en la realidad. El verdadero reto para los gobiernos está en determinar cuándo una diferencia de trato está justificada y cuándo se convierte en privilegio. Esa decisión debe basarse en evidencia, reglas claras, transparencia y objetivos públicos verificables. De otra manera, bajo el argumento de corregir desigualdades también podrían cometerse arbitrariedades.
Gobernar implica, en buena medida, entender esas diferencias. Las políticas públicas no deberían diseñarse pensando en un ciudadano abstracto que tiene los mismos ingresos, las mismas capacidades, el mismo acceso a tecnología y las mismas oportunidades que todos los demás. Ese ciudadano simplemente no existe. Una sociedad democrática necesita igualdad ante la ley, pero también instituciones capaces de reconocer las desigualdades que existen fuera de ella.
Por eso quizá la pregunta correcta no sea si el gobierno debe tratar a todos exactamente igual, la pregunta debería ser otra: qué debe hacer el gobierno para que nuestras diferencias de origen, condición o circunstancias no determinen hasta dónde podemos llegar? Ahí empieza una discusión mucho más profunda sobre lo que realmente significa la igualdad.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal
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