Cuando las becas dejaron de premiar el mérito y comenzaron a repartir expectativas
Hubo un tiempo en México en que una beca no era un derecho adquirido ni una transferencia bancaria periódica.
Era un reconocimiento.
Un distintivo.
Un símbolo de excelencia académica.
Quienes estudiamos en la década de los ochenta lo recordamos bien.
Obtener una beca significaba competir contra cientos de estudiantes.
No bastaba con estar inscrito. Había que demostrar capacidad, disciplina y constancia.
Mantener un promedio mínimo de 8.5 o 9.0 era apenas el primer filtro.
La asistencia era revisada rigurosamente; las calificaciones se auditaban semestre tras semestre y, si el desempeño disminuía, la beca desaparecía.
No había espacio para la mediocridad.
Ser becario era motivo de orgullo. Era una carta de presentación.
Empresas, universidades y organismos privados apostaban por quienes habían demostrado un talento sobresaliente.
La beca era una inversión en el capital humano.
Hoy el panorama es radicalmente distinto.
Las becas han transitado de ser un instrumento para premiar el mérito académico a convertirse, en muchos casos, en un mecanismo de política social con cobertura prácticamente universal.
El cambio no es menor; representa una transformación profunda de la filosofía educativa del país.
La diferencia no radica únicamente en quién recibe el recurso, sino en el mensaje que el Estado transmite.
Antes el mensaje era claro; “esfuérzate y alcanzarás una beca”.
Hoy el mensaje parece ser; “por el simple hecho de estudiar, la beca llegará”.
No se trata de descalificar el apoyo económico a millones de familias.
En un país donde, según el CONEVAL, una parte importante de la población enfrenta condiciones de pobreza o vulnerabilidad, resulta indispensable evitar que los estudiantes abandonen las aulas por falta de recursos.
Ese objetivo es legítimo.
Lo preocupante surge cuando el incentivo deja de estar vinculado al desempeño académico.
La evidencia internacional es contundente.
Estudios de la OCDE muestran que los sistemas educativos que combinan apoyos económicos con exigencias claras de rendimiento suelen obtener mejores resultados en permanencia escolar y aprovechamiento académico que aquellos donde el beneficio no está condicionado al desempeño.
México enfrenta precisamente un problema de aprendizaje.
Los resultados de la prueba PISA revelan que alrededor del 66% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel mínimo de competencia en matemáticas; cerca del 47% presenta rezagos en lectura y alrededor del 51% en ciencias.
Es decir, el acceso a la escuela ha aumentado, pero el aprendizaje sigue siendo insuficiente.
Paradójicamente, mientras el presupuesto destinado a becas ha crecido de manera significativa durante los últimos años, los indicadores nacionales de aprendizaje permanecen estancados.
La pregunta resulta inevitable.
¿Estamos financiando mejores estudiantes o simplemente distribuyendo recursos?
Porque una beca debería perseguir varios objetivos simultáneamente; reducir la deserción escolar, sí; pero también incentivar el esfuerzo, reconocer el talento y formar una cultura de excelencia.
Cuando desaparecen los incentivos al mérito, también comienza a diluirse el valor simbólico del reconocimiento.
Existe otro aspecto del que poco se habla.
Durante décadas, recibir una beca generaba un compromiso moral con quien financiaba los estudios.
El estudiante sentía la obligación de responder con mejores resultados. Existía una relación de corresponsabilidad.
Hoy, en cambio, para muchos beneficiarios la beca forma parte del ingreso familiar.
Se utiliza para cubrir necesidades diversas, algunas legítimas y otras completamente ajenas a la educación.
No existen mecanismos efectivos que permitan conocer si esos recursos realmente terminan financiando libros, transporte, conectividad, materiales escolares o colegiaturas.
No se fiscaliza el destino del apoyo.
No se evalúa el impacto académico.
No se exige una mejora en el desempeño.
Y cuando el recurso deja de estar asociado a resultados, inevitablemente pierde parte de su capacidad transformadora.
También existe un impacto político imposible de ignorar.
Las becas se han convertido en uno de los programas públicos con mayor visibilidad electoral. Su cobertura masiva fortalece la relación entre ciudadanía y gobierno, pero al mismo tiempo abre un debate legítimo sobre si el Estado debe privilegiar la universalidad o combinarla con criterios de excelencia y rendimiento.
No es una discusión ideológica.
Es una discusión sobre eficiencia educativa.
Porque un sistema donde prácticamente nadie reprueba, donde las evaluaciones pierden rigor y donde el apoyo económico llega independientemente del desempeño, corre el riesgo de enviar una señal equivocada; que el esfuerzo y la excelencia producen exactamente el mismo resultado que la indiferencia académica.
Eso termina desmotivando precisamente a quienes más se esfuerzan.
Las becas no deberían regresar al elitismo de hace cuarenta años, donde solamente unos cuantos privilegiados podían acceder a ellas.
Pero tampoco deberían convertirse en un mecanismo donde el mérito académico deja de importar.
El verdadero desafío consiste en construir un modelo equilibrado.
Uno que garantice que ningún joven abandone sus estudios por falta de dinero, pero que al mismo tiempo premie el talento, el esfuerzo y la disciplina.
Porque una nación no construye su futuro repartiendo únicamente recursos económicos.
Lo construye formando generaciones convencidas de que el conocimiento sigue siendo el camino más seguro hacia la movilidad social.
Y esa convicción comienza cuando la excelencia vuelve a tener valor.

Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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