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    junio 2, 2025 | 9:35

    Cuando la justicia abdica y la infancia paga el precio

    Publicado el

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    La reciente manifestación de “No Más Hijos Rehenes” en Ciudad Juárez expone de forma cruda una verdad que muchos juzgados familiares, ministerios públicos y abogados prefieren ignorar: las infancias están siendo instrumentalizadas como armas de venganza entre progenitores, en complicidad con un sistema legal indolente y selectivamente ciego.

    “Jueces llegan a resoluciones sin leer siquiera el expediente”, denuncian revelando una verdad más aterradora que cómica. Porque no es una hipérbole: jueces y juezas de lo familiar, amparados por una ideología de superioridad moral, dictan resoluciones emocionales, no jurídicas; prejuiciadas, no imparciales; automáticas, no investigadas.

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    El acto de negar el derecho a la convivencia familiar entre padres e hijos sin fundamento objetivo, es más que una falta administrativa: es una violación de derechos humanos, específicamente del derecho del menor a convivir con ambos progenitores, como establece en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y en Código Civil estatal, que indica que el régimen de convivencia solo puede suspenderse por causas graves debidamente probadas.

    Y sin embargo, la norma no se cumple. No se exige prueba, ni gravedad, ni contexto. Basta con una denuncia —por falsa que sea— para cortar el vínculo entre un padre y sus hijos, como si la relación paterno-filial fuera prescindible o castigable por omisión.

    Denuncian también otra práctica cada vez más frecuente: la inducción de denuncias penales falsas por parte de abogados sin ética, quienes aseguran que el simple hecho de acusar violencia (aunque nunca haya ocurrido) garantiza medidas de protección inmediatas, suspensión de convivencia y ventajas procesales en materia de custodia o pensión. Lo que no les dicen es que mentir a la autoridad es un delito que se paga con cárcel.

    Lo más perverso no es que esto ocurra. Lo verdaderamente inquietante es que se ha normalizado. Que nadie —ni autoridades, ni barras de abogados, ni procuradurías— exige que Código Penal del Estado de Chihuahua, que sanciona la falsedad ante autoridad, se aplique con el mismo rigor que el resto de los delitos. En la práctica mentir en un juzgado familiar no tiene consecuencias, aunque la mentira rompa familias, destruya vínculos y cause daños psicológicos irreparables a menores.

    Afortunadamente el colectivo ha logrado que se haga justicia con sentencia de cárcel en dos primeros casos de denuncias falsas y han puesto su mira en ello nacionalmente.

    En reciente columna de Don Q. Chillito detalla en “Manipulación: Las violencias institucionalizadas contra el hombre“, estas conductas tienen nombre:

    Gaslighting institucional, cuando se hace sentir al padre que está loco por reclamar su derecho.

    Victimismo estratégico, cuando la madre (o quien tenga la custodia) se asume como víctima para ocultar que es ella quien violenta y obstruye.

    Proyección, cuando se acusa al otro de hacer precisamente lo que uno mismo está ejecutando: manipulación, maltrato, alienación.

    Estas prácticas son exactamente las que están ocurriendo en los juzgados de lo familiar, disfrazadas de perspectiva de género o de protección del menor, cuando en realidad se trata de pura y llana violencia vicaria, legalizada y protegida.

    Reflexión final: No es un caso aislado, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del 1ro de Mayo, es una política no escrita.

    “No más hijos rehenes” no es un eslogan. Es un grito urgente. Cada hijo utilizado para castigar al otro progenitor es una infancia rota. Cada juez que no lee el expediente, cada abogado que promueve la mentira, cada fiscal que no persigue la simulación del delito… es un engrane más de una maquinaria de destrucción emocional.

    Y lo más terrorífico de todo: los hombres saben que si reclaman, serán puestos como violentos. Que si exigen, serán acusados de agresores. Y paradójicamente, que si callan por medidas de restricción impuestas, simplemente desaparecerán de la vida de sus hijos.

    La pregunta ya no es cuánto daño ha hecho el sistema.

    La pregunta ahora es: ¿cuánto más estamos dispuestos a tolerar?

    Basta de discursos. Basta de omisiones. Basta de hijos rehenes.

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    David Gamboa

    Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.

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