En una sociedad donde cada vez existe mayor conciencia sobre el bienestar animal, resulta preocupante que figuras públicas continúen haciendo declaraciones que trivializan la violencia contra los animales. Las recientes expresiones de Pedro Sola, en las que habló sobre matar perros, más allá de si fueron pronunciadas en tono de broma, ironía o exageración, reabren un debate que no deberíamos minimizar: el impacto que tienen las palabras cuando provienen de personas con amplia exposición mediática.
Quienes cuentan con un micrófono frente a millones de personas poseen también una responsabilidad social. Las opiniones emitidas desde un espacio de comunicación masiva no permanecen en el ámbito privado; contribuyen a moldear percepciones, legitimar conductas y establecer aquello que una sociedad considera aceptable o inaceptable.
Algunas personas podrían argumentar que se trata únicamente de una expresión desafortunada o de un comentario sacado de contexto. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la intención de quien habla, sino en el mensaje que finalmente recibe la audiencia. Cuando se hace referencia a matar animales con ligereza, se corre el riesgo de normalizar la violencia como una respuesta válida frente a situaciones que pueden resolverse mediante alternativas éticas y legales.
México enfrenta desde hace décadas un serio problema de abandono, maltrato y sobrepoblación de perros y gatos. Miles de animales viven en las calles como consecuencia de la irresponsabilidad humana, del abandono y de la falta de políticas públicas suficientes para fomentar la esterilización, la adopción responsable y la educación en tenencia responsable de mascotas. Ante esa realidad, promover discursos que banalicen la muerte de los animales representa un lamentable retroceso.
Resulta importante recordar que los perros no son responsables de haber nacido en condiciones de abandono. Son seres sintientes capaces de experimentar miedo, dolor, estrés, apego y afecto. Numerosas investigaciones científicas han demostrado que poseen capacidades cognitivas y emocionales complejas, razón por la cual las legislaciones modernas han comenzado a reconocerlos como seres que merecen protección especial y no simplemente como objetos de propiedad.
Nuestro propio marco jurídico ha evolucionado en esa dirección. Diversas entidades federativas contemplan sanciones administrativas e incluso penales para quienes incurran en actos de crueldad contra los animales. Además, la sociedad mexicana ha demostrado en múltiples ocasiones que existe un rechazo creciente hacia cualquier forma de violencia ejercida contra ellos. Ello responde a un cambio cultural que reconoce que el trato digno hacia los animales es un indicador del grado de civilización de una comunidad.
La libertad de expresión constituye un derecho fundamental que debe protegerse. No obstante, ejercer ese derecho implica también asumir las consecuencias sociales de las palabras emitidas. Criticar una declaración no significa censurar a quien la expresó; significa participar en el debate público y exigir un nivel mayor de responsabilidad cuando se ocupa un espacio de influencia.
Las figuras públicas tienen la oportunidad de utilizar su voz para impulsar causas positivas: fomentar la adopción, promover campañas de esterilización, combatir el abandono y fortalecer la cultura del respeto hacia todas las formas de vida. Desafortunadamente, comentarios que presentan la muerte de un animal como un recurso humorístico o como una solución terminan enviando el mensaje contrario.
La violencia rara vez comienza con grandes actos. Frecuentemente inicia con la indiferencia, con la deshumanización o con la normalización de expresiones que restan valor a la vida. Por ello es indispensable señalar cuando el discurso público cruza esa línea, no para alimentar la confrontación, sino para fortalecer una cultura basada en la empatía.
Al final, la manera en que una sociedad trata a sus animales habla profundamente de la forma en que entiende la dignidad, la compasión y el respeto por la vida. Defender los derechos de los animales no significa colocarlos por encima de las personas; significa reconocer que una convivencia verdaderamente humana solo puede construirse cuando rechazamos toda forma innecesaria de crueldad. La empatía no se divide: se ejerce. Y una sociedad que aprende a proteger a quienes no tienen voz termina siendo también una sociedad más justa para todos.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal
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