México ha avanzado en la suficiencia de algunas pensiones gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que proyecta tasas de reemplazo altas para trabajadores de bajos ingresos; sin embargo, la sostenibilidad fiscal y la cobertura siguen siendo retos estructurales que no se deben ignorar. La crisis del sistema de pensiones no es exclusiva de México, es un fenómeno global, aunque no generalizado. Existen países que hoy ofrecen tasas de reemplazo elevadas y mantienen baja pobreza en la vejez gracias a una asistencia pública robusta y esquemas donde casi toda la fuerza laboral participa; otros, en cambio, enfrentan pensiones insuficientes debido a contribuciones bajas, retiros anticipados de fondos o alta informalidad laboral, como ocurre en buena parte del mercado laboral mexicano. El informe comparado de la OCDE es la referencia central para medir tasas de reemplazo proyectadas y brechas entre países.
Chile es un ejemplo claro de la fragilidad de los modelos basados exclusivamente en cuentas individuales cuando la contribución efectiva es baja y se permiten retiros masivos. En contraste, países como Países Bajos y Dinamarca combinan la pensión pública básica con esquemas ocupacionales casi universales y ahorro privado regulado. Esa arquitectura colectiva, acompañada de una cobertura amplia y sostenida, explica sus tasas de reemplazo elevadas y la acumulación de fondos con activos que superan el PIB nacional.
México opera un sistema híbrido, las cuentas individuales administradas por las AFORE conviven con un modelo de beneficio definido para ciertos sectores y con una pensión no contributiva en expansión. En algunos casos, la tasa de reemplazo proyectada puede acercarse al 100% gracias al complemento público, pero la financiación de largo plazo del Fondo de Pensiones para el Bienestar aún no está plenamente aclarada. A ello se suma que el gasto en pensiones crecerá aceleradamente conforme avance el envejecimiento poblacional.
¿Debe considerarse el sistema de pensiones un asunto de seguridad nacional y soberanía? Sí, en la medida en que las pensiones influyen directamente en la cohesión social, la estabilidad fiscal y la legitimidad del Estado. Un sistema que obliga a grandes sectores de la población a trabajar en la vejez o a vivir en pobreza erosiona la confianza pública y condiciona decisiones económicas y políticas estratégicas. Tratar las pensiones como una política de Estado, con reglas transparentes y financiamiento explícito, fortalece la soberanía social y reduce riesgos sistémicos.
Mejorar las pensiones en México exige un consenso fiscal y social que combine el aumento del trabajo formal para elevar la densidad de cotización mediante estímulos fiscales a la contratación con ajustes graduales en la edad de retiro y un aumento en las contribuciones obligatorias de los trabajadores, quienes resultan más beneficiados. También requiere regular con mayor rigor los mercados de ahorro para reducir comisiones y mejorar rendimientos, y, sobre todo, blindar legalmente el ahorro de los trabajadores para impedir su uso con fines políticos. Estas medidas deben priorizar la protección de los más vulnerables y construirse sobre bases fiscales claras y sostenibles.
El sistema de pensiones y las ayudas sociales son la bomba fiscal que México debe desactivar antes de que estalle.
Aly Corany Abdallah
Analista, socialdemócrata y librepensador.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Gestión y Desarrollo Empresarial, y TSU en Comercialización Inmobiliaria. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho Digital y Juicios en Línea. Su enfoque multidisciplinario le permite analizar la realidad política y geopolítica desde una perspectiva integral.
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